La Xunta elegirá para la residencia al concello que "menos perda o tempo"

photo_camera El pleno de Ourense rechaza por cuarta vez el geriátrico de O Pino. JOSÉ PAZ
El pleno de la ciudad tumba por tercera vez el cambio de uso de la antigua estación y se abre la posibilidad de perder la inversión

El pleno del Concello de Ourense volvió a tumbar por tercera vez el cambio de uso de la parcela de la estación de autobuses para construir la residencia de mayores de 120 plazas y 110 puestos de empleo que financia la Fundación Amancio Ortega con 12 millones de euros. Ahora se abre una nueva etapa. La votación ha disparado las alarmas porque la ciudad puede perder esta inversión en beneficio de los concellos que se han ofrecido como alternativa, cinco hasta el momento: Carballiño, Pereiro de Aguiar, San Cibrao, A Peroxa y Castrelo de Miño. 

Mientras, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, intentó ayer sacarse un conejo de la chistera y pedirá a la Xunta que use la Lei 3/2016 (ley exprés) de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o excepcional interés, que habilita la ejecución de actuaciones estratégicas que no estén recogidas en las normas urbanísticas. En todo caso, y aunque se comprometió a estudiar esta medida, Política Social priorizará al concello que aporte más agilidad y seguridad. 

Además, el regidor expresó su renuncia a negociar con los grupos, algo que no ha hecho en todo este periodo y fía todo ya a la Xunta. El retraso en el proyecto es palmario. El 13 de septiembre de 2019, el Ejecutivo autonómico y la Fundación sellaron un convenio para la mayor donación de la historia, por valor de 90 millones, para levantar una residencia en cada ciudad gallega. Todas tienen ya terrenos para desarrollar el proyecto, salvo Ourense. 

Tanto la edil de Urbanismo, Sonia Ogando, como la propia Consellería de Política Social, aseguran que se puede modificar el convenio y llevar este geriátrico a los concellos rurales que se han ofrecido. Mientras, PSOE y BNG -que se abstuvieron ayer de nuevo, junto a las no adscritas María Dibuja y Maite Garrido- sostienen que no se perderá esta inversión y que el convenio no se moverá. Lo mismo que Araújo, que dice no tolerar las “ameazas” de la Xunta, aunque dio su voto favorable. Socialistas y nacionalistas insisten: no hay proyecto que recoja las demandas vecinales ni seguridad urbanística.

Con este mejunje, ayer se debatió por tercera vez el cambio de uso de la parcela de la antigua estación. Al ser un cambio del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal), se exigían 14 votos (mayoría de la corporación), pero se volvieron a estancar en 13. Los 7 del PP, los 3 de DO, Araújo (Cs) y los no adscritos Miguel Caride y Laureano Bermejo. Las otras dos no adscritas ex DO no siguieron la estela de Caride. Así, María Dibuja y Maite Garrido se unieron a PSOE y BNG en la abstención, tras haber hablado el día anterior con los vecinos.

Política Social asegura que tomará “as decisións necesarias” para que la residencia se construya “canto antes”, ya sin asegurar que se hará en la ciudad. “Queremos algo que sexa rápido, que cumpra coas máis altas esixencias de calidade e que non faga perder máis o tempo á xente”. Bajo esas premisas, estudiarán “todas as opcións”: “Decantarémonos pola que mellor cumpra estes tres requisitos”. 

La última opción: usar la ley exprés de la intermodal

 

La Xunta descartó ya el año pasado el uso de la ley gallega exprés 3/2016, que faculta a saltarse el planeamiento urbanístico en casos en que el PXOM no recoja usos para inversiones de interés general, saltándose así el pleno. La ley se creó en 2016 para dar cabida a la intermodal en Vigo, y después la usó la Xunta también para facilitar la estación intermodal de Ourense, al igual que en Santiago y A Coruña. Ahora, sin embargo, el alcalde anunció que la pedirá y Política Social tendrá que estudiarlo. Podría tardar entre tres y cuatro meses, quizás demasiado tiempo para la Xunta: “Os nosos técnicos mirarano, se encaixa e permite a axilidade que a cidadanía merece despois de todo este tempo que lle fixeron perder”. En todo caso, no es esa solución la preferida. Si otro concello ofrece agilidad, y tanto A Peroxa, como Pereiro, San Cibrao o Castrelo de Miño así lo hicieron saber, podrían llevarse la inversión. Jácome advirtió que “la Xunta no puede tener este pleno como excusa, debe activar la ley exprés, pero que se sepa quiénes son los traidores”.

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