Francisco José Fernández, ahora portavoz de la oposición independiente de Trives, denunció posibles irregularidades urbanísticas en la obra del edificio de la antigua biblioteca cuando aún era alcalde. Añadió que quien ejerce este cargo debe poner en conocimiento de la autoridad judicial hechos que puedan ser delito. Éste es el argumento que esgrime para rebatir el recurso que presentaron contra su denuncia el alcalde trivés y el asesor urbanístico de la Mancomunidad, Luis Álvarez y Luis Antonio Pereiro.
El portavoz de la oposición independiente de Trives, Francisco José Fernández, afirmó ayer que en ningún momento se personó como acusación particular en el procedimiento abierto por posibles irregularidades urbanísticas en la obra de la antigua biblioteca. Esta aseveración la realizó tras haber presentado sus alegaciones contra el recurso que presentaron el alcalde del PPdeG trivés, Luis Álvarez, y el asesor urbanístico de la Mancomunidad.
En su recurso afirman que el denunciante, Francisco José Fernández, no puede ejercer la acusación particular, pues no es persona ofendida, ni víctima, aunque sí podría asumir la acción popular, con la interposición de una querella y tras depositar una fianza.
Francisco José Fernández recuerda que cuando formuló la denuncia era alcalde de Trives. Puse en conocimiento de la autoridad judicial hechos que pueden ser delito. El alcalde es garante de la ordenación urbanística y del uso racional del suelo, afirmó. También explica que, después de abandonar la alcaldía, aceptó continuar en el procedimiento, tras ser consultado por el Juzgado.
Además, el concejal estima que sí puede ejercer la acusación particular. A este respecto, aludió a las condiciones con las que el solar de la antigua biblioteca fue vendido por el Concello, gobernado entonces por el popular Luis Álvarez. Recordó que la operación incluía la premisa de construir un edificio de bajo, tres plantas y bajo cubierta. Inmediatamente, aclaró que, por el mismo precio, se ofreció la posibilidad de levantar una altura más.
El portavoz de la Agrupación Trivesa Independiente ATI aprovechó la ocasión para someter este procedimiento a un examen político. Se trata de que el pueblo sepa. El alcalde gobierna bajo la ocultación, protestó. También recordó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno aceptó suspender cautelarmente la licencia de obra, en tanto no sea resuelto el procedimiento, tal y como solicitó la Xunta. A pesar de ello, siguen trabajando en la obra, aseguró Francisco José Fernández, que abogó por depurar responsabilidades.
El Concello eludió informar de un recurso
El recurso del alcalde y del asesor urbanístico de la Mancomunidad, que hace meses declaraban en calidad de imputados en este procedimiento, provocó la suspensión de las declaraciones -también como imputados- de cuatro ex ediles populares: Constantino Martínez, Isauro Pérez, María del Carmen Barja y Pío Domínguez. Este diario intentó contactar con el regidor, Luis Álvarez, sin conseguirlo. La dirección del PPdeG anunciaba recientemente la apertura de un expediente de expulsión al regidor, al considerar un caso de transfuguismo su acceso al cargo con una moción de censura.
A su vez, Francisco José Fernández, se quejó de que, tras ser apartado de la alcaldía, el Concello nunca le avisó de que la Xunta recurrió un acuerdo plenario, basado en un decreto suyo.
En su recurso afirman que el denunciante, Francisco José Fernández, no puede ejercer la acusación particular, pues no es persona ofendida, ni víctima, aunque sí podría asumir la acción popular, con la interposición de una querella y tras depositar una fianza.
Francisco José Fernández recuerda que cuando formuló la denuncia era alcalde de Trives. Puse en conocimiento de la autoridad judicial hechos que pueden ser delito. El alcalde es garante de la ordenación urbanística y del uso racional del suelo, afirmó. También explica que, después de abandonar la alcaldía, aceptó continuar en el procedimiento, tras ser consultado por el Juzgado.
Además, el concejal estima que sí puede ejercer la acusación particular. A este respecto, aludió a las condiciones con las que el solar de la antigua biblioteca fue vendido por el Concello, gobernado entonces por el popular Luis Álvarez. Recordó que la operación incluía la premisa de construir un edificio de bajo, tres plantas y bajo cubierta. Inmediatamente, aclaró que, por el mismo precio, se ofreció la posibilidad de levantar una altura más.
El portavoz de la Agrupación Trivesa Independiente ATI aprovechó la ocasión para someter este procedimiento a un examen político. Se trata de que el pueblo sepa. El alcalde gobierna bajo la ocultación, protestó. También recordó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno aceptó suspender cautelarmente la licencia de obra, en tanto no sea resuelto el procedimiento, tal y como solicitó la Xunta. A pesar de ello, siguen trabajando en la obra, aseguró Francisco José Fernández, que abogó por depurar responsabilidades.
El Concello eludió informar de un recurso
El recurso del alcalde y del asesor urbanístico de la Mancomunidad, que hace meses declaraban en calidad de imputados en este procedimiento, provocó la suspensión de las declaraciones -también como imputados- de cuatro ex ediles populares: Constantino Martínez, Isauro Pérez, María del Carmen Barja y Pío Domínguez. Este diario intentó contactar con el regidor, Luis Álvarez, sin conseguirlo. La dirección del PPdeG anunciaba recientemente la apertura de un expediente de expulsión al regidor, al considerar un caso de transfuguismo su acceso al cargo con una moción de censura.
A su vez, Francisco José Fernández, se quejó de que, tras ser apartado de la alcaldía, el Concello nunca le avisó de que la Xunta recurrió un acuerdo plenario, basado en un decreto suyo.
