El fiscal reclama una condena de siete años para un barquense

Veinte gramos de droga lo pueden llevar a prisión

La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Ourense juzgará el próximo día 12 de mayo a Francisco Javier Bóveda Novas, a quien el Ministerio Público imputa un delito contra la salud pública de tráfico de drogas. En su escrito provisional de acusación, reclama para él un total de siete años de prisión.
Los hechos que se le atribuyen se remontan al 12 de febrero del 2009. Entonces, sobre las 19 horas, el encausado conducía un turismo de alta gama por la avenida de la Diputación, en la localidad de O Barco de Valdeorras. Tras ser interceptado por agentes de la Guardia Civil, que realizaban un control en la zona por razones de seguridad ciudadana, fue requerido para que se sometiera a un cacheo. Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, en el registro, los agentes hallaron una bolsa que contenía un total de 21,064 gramos de cocaína. Una cantidad de droga que superaría en el mercado un valor económico que asciende a 991 euros. 'Esta sustancia estupefaciente -reza el documento del fiscal-, la poseía el acusado con la intención de destinarla a la venta ilegal y, de esta manera, obtener un importante beneficio económico'.

El día de los hechos, el procesado fue detenido y, a lo largo de la jornada siguiente, puesto a disposición judicial. No obstante, fue puesto en libertad provisional tras prestar declaración ante el juez que instruyó la causa.

La acusación que dirige el Ministerio Fiscal contra Francisco Javier Bóveda tiene en cuenta, por otro lado, la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el procesado había sido condenado ya en firme por una causa similar el 6 de julio del 2007. Entonces, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso dos años de prisión.

En la causa que se juzgará el próximo 12 de mayo, el Ministerio Público, además de reclamar siete años de prisión por los hechos del 2009 que se le imputan, pedirá, previsiblemente, que se imponga al encausado una multa de 2.500 euros.

En el caso de que no pagase dicha cuantía, el fiscal solicita la posibilidad de que se le puedan aplicar tres meses de privación de la libertad.

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