Desestimado el recurso de los ecologistas contra el eólico Serra do Faro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de la asociación medioambiental Petón do Lobo y ha confirmado la legalidad del acuerdo del Consello da Xunta, aprobado el 5 de septiembre de 2024, por el que se declaró la utilidad pública y la compatibilidad con aprovechamientos forestales del parque eólico Serra do Faro Ampliación II. El proyecto, promovido por la empresa Pena da Costa Eólica, S.L., se ubica entre los municipios pontevedreses de Rodeiro y Dozón y los ourensanos de San Cristovo de Cea y Piñor.

El argumento central de la demanda de Petón do Lobo sostenía que la Xunta no podía aprobar la declaración de utilidad pública -paso previo a la expropiación de terrenos- porque la autorización de construcción del parque (otorgada en abril de 2023) se encontraba suspendida cautelarmente por el propio tribunal a raíz de tres recursos previos.

Sin embargo, los magistrados rechazan este argumento. En la sentencia, la Sala expone que la suspensión cautelar afectaba únicamente a la ejecución material de las obras, pero no a la validez del acto administrativo. Además, el fallo destaca que el propio acuerdo de la Xunta actuó conforme a derecho al dejar en suspenso los trámites efectivos de expropiación hasta que el tribunal dicte sentencia firme sobre los tres litigios principales que cuestionan la autorización del parque.

La asociación ecologista también alegó en su demanda supuestos defectos en la evaluación de impacto ambiental, fragmentación ilegal de proyectos, daños a la avifauna y afecciones al patrimonio cultural y paisajístico. El TSXG declina entrar a valorar estas cuestiones al considerar que exceden el objeto de este procedimiento.

Respecto a los terrenos concretos incluidos en la relación de bienes afectados, el tribunal señala que Petón do Lobo carece de legitimación activa para impugnar la expropiación de parcelas específicas, dado que la entidad no es propietaria de ninguna de las fincas afectadas y su legitimación se circunscribe a la defensa general del medio ambiente. El fallo no es firme e impone a la asociación recurrente el pago de las costas procesales.