¡Chapuza nacional!

Vivimos en un país increíble. Solo cuando hay muertos se cambian las normas. Tras el accidente de Adamuz y el reguero de fallecidos y heridos, ADIF ha reducido la velocidad de los trenes de alta velocidad, justo lo que los maquinistas venían reclamando desde hacía meses sin que nadie los escuchara.

Resulta evidente que existe una responsabilidad política y profesional en este desastre, más allá de lo que determinen las investigaciones técnicas. No es razonable que las advertencias de quienes conducen estos trenes queden arrumbadas en un cajón hasta que la tragedia se consuma.

El Ministerio de Transportes no puede alegar ignorancia: su obligación es conocer los riesgos que señalan los profesionales y actuar con diligencia para prevenirlos. Durante años se presumió de una red ferroviaria que era una joya del país; hoy demasiados ciudadanos sienten que viajar en tren se ha convertido en una ruleta rusa.

Son ya demasiadas incidencias y avisos desoídos como para seguir sin depurar responsabilidades. ¿Habrá dimisiones a la altura de lo ocurrido? ¿Se exigirán responsabilidades penales por las posibles negligencias de los altos cargos con capacidad de decisión? Tener poder implica hacer bien el trabajo, y en materia ferroviaria lo que vemos se parece demasiado a una chapuza nacional imposible de explicar a las víctimas y a sus familias. ¿Está garantizado viajar en tren?

Pedro Marín Usón

Zaragoza