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Así, el diputado Xosé Antón Sánchez Bugallo presentó una iniciativa parlamentaria en la que insta a la Xunta a intervenir en este caso, pues considera que la reducción de personal causaría un grave perjuicio a los usuarios de esta vía de pago.
En concreto, Sánchez Bugallo explica que el ERE que promueve la empresa afecta fundamentalmente al personal de las cabinas, lo que le lleva a considerar que 'a intención da empresa é proceder á sustitución destes operarios por maquinaria', un hecho que no ve justificado ni por necesidades de la empresa y ni por el servicio a los ciudadanos que, lejos de mejorar, empeoraría. Así, explica que los operarios desempeñan un papel importante a la hora de atender las dificultades que surgen a los conductores y que, de consumarse la propuesta de la empresa, 'terían que razoar cunha máquina', ironizó. Criticó también que el ERE que pretende realizar Acega afecta los empleados que tienen una menor remuneración, a pesar de que realizan un servicio 'imprescindible' al atender los posibles problemas de los usuarios.
Por ello, en la propuesta presentada en el Parlamento, Sánchez Bugallo pregunta a la Xunta si prevé dar su visto bueno a este expediente de regulación de empleo y qué medidas piensa adoptar para lograr que se garantice la calidad del servicio a los usuarios.
En este sentido, la Xunta ya se había posicionado en contra de la supresión de personal en los peajes de las autopistas A Coruña-Carballo (AG-55) y Vigo-Baiona (AG-57), abriendo un expediente sancionador a la concesionaria y obligándola a reimplantar el cobro manual. No obstante, las citadas vías eran de titularidad autonómica, a diferencia de la AP-53, que depende del Ministerio de Fomento.
Mientras, los sindicatos presentes en Acega, UGT, CIG y Sita, rechazan esta medida que, según explican, se iniciaría en los peajes de Silleda, Ribadulla y Bandeira (donde ya sólo funciona el pago automático en las horas del día con menos demanda), y que posteriormente se aplicaría en los de Lalín y Santiago. A juicio de los representantes de los trabajadores, la empresa debería realizar una rebaja en las tarifas que aplica, así como bonos de descuento a los usuarios, argumentando que se trata de las pocas autopistas de España que no ofrece bonificaciones.
QUEJAS POR EL COSTE
El alto coste de la autopista entre Dozón y Santiago ha sido objeto de crítica por parte de los conductores desde su entrada en funcionamiento. Actualmente, el peaje cuesta 5,80 euros para los turismos (9,80 para furgonetas y a 11,60 para camiones y autobuses). Esto ha ocasionado un gran descenso de usuarios en los dos últimos años: un 6% en 2011 y un 14% en 2012. Así, la cifra media de usuarios el año pasado fue de 4.954 por día, unos 1.200 menos que los que registraba en 2010.
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