Las concesiones sin renovar cuestan a la ciudad de Ourense más de 26 millones al año

Asamblea de los trabajadores de Urbanos de Ourense, celebrada en la noche del sábado.

Entre los grandes desafíos de este gobierno y los anteriores en la ciudad de Ourense está el de poner orden en la situación administrativa de los servicios públicos que se prestan a través de empresas, con los grandes contratos bloqueados desde hace tiempo provocando que se presten en precario y bajo mínimos. A punto de cerrarse el 2020, las concesiones sin renovar suponen un desembolso anual de aproximadamente 26 millones de euros, uno de cada cuatro euros del presupuesto ordinario del Concello, después de que se hayan conseguido adjudicar recientemente el servicio de ayuda a domicilio(cuatro millones por ejercicio) y la limpieza de centros educativos (un millón). Junto al mantenimiento de las dependencias municipales son los contratos en vigor sin problemas.

Las consecuencias de esta situación son evidentes, con servicios que se han quedado obsoletos y no están adaptados a las necesidades actuales de los vecinos y que, en muchas ocasiones, derivan en problemas de índole laboral entre concesionarias y trabajadores, como sucede en la actualidad con el transporte urbano, que sufrirá desde este lunes paros parciales con la amenaza de una huelga indefinida sobre la mesa.

Condiciones

Son unos seis millones lo que cada ejercicio el Concello paga a la UTE Urbanos de Ourense, que opera desde mayo de 2015 en precario, lo que supone que la flota de autobuses sea envejecida y las rutas no se puedan cambiar. En esas mismas fechas vencía también el contrato de mantenimiento semafórico (760.000 euros anuales), sin que a día de hoy se conozcan novedades sobre el pliego, lo que impide por ejemplo instalar cámaras de vigilancia en los accesos al Casco Vello.

El contrato más importante en términos presupuestarios es el de limpieza viaria y recogida de basura (10,1 millones), cuya duración inicial prevista era de 10 años, que se cumplieron el pasado mes de marzo, cuando el gobierno local decidió aplicar una prórroga de dos años contemplada en el pliego para ganar margen en la preparación del concurso.

También está pendiente de decidirse el modelo del contrato de gestión del ciclo integral del agua, una concesión que venció en 2019 tras un cuarto de siglo vigente (con 6,2 millones de euros cada año) y que está considerada como una de las más importantes para la ciudad, que debe renovar entre otras cosas la red de saneamiento.

Sí que se han decidido las condiciones de cómo realizar el mantenimiento de las zonas verdes, un contrato que salió recientemente a licitación tras un intento fallido hace un año. La resolución del procedimiento tardará todavía en llegar, esperando a la adjudicataria un presupuesto de 1,8 millones.

Mientras, más preocupante es el expediente para renovar el servicio de la grúa municipal y la regulación de aparcamiento, una explotación conjunta que caducó en 2016 y que pese a los globosonda del alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, sigue sin actualizarse. Con un montante económico de 1,7 millones por ejercicio, se ha revelado como un servicio deficitario.

Paros en el autobús urbano desde hoy, con amenaza de una huelga

El transporte público de Ourense sufrirá a partir de hoy paros parciales de seis horas cada día. La decisión fue ratificada en la noche del sábado por los trabajadores en una asamblea a la que se llevó una propuesta de la gerencia de la concesionaria de la UTE Urbanos de Ourense sobre el convenio colectivo que no satisface las peticiones de los empleados, que la rechazaron por una amplia mayoría. El calendario acordado para realizar interrupciones en el servicio fija el próximo 15 de enero como fecha tope para alcanzar un acuerdo y no empezar una huelga indefinida.

Mientras, las franjas horarias afectadas por los paros son de 8,00 a 10,00; de 13,00 a 15,00 y de 19,00 a 21,00 horas. Desde el Concello señalan que en todas las líneas habrá un autobús durante los paros para garantizar los servicios mínimos. Fuentes municipales señalan que "acatamos o dereito fundamental de folga, pero esiximos a garantía de servizos esenciais". El gobierno de Gonzalo Pérez Jácome no contempla intervenir en la negociación entre gerencia y trabajadores pese a que el comité de empresa le pide que dé un paso al frente al tener la concesión en precario desde hace casi seis años.

Los trabajadores aseguran sentirse "avalados polos usuarios", aunque piden "desculpas polas molestias que os paros poidan ocasionar" y sitúan la responsabilidad de la situación en el Grupo Avanza, "maioritario na empresa".