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PROTECCIÓN DEL ALUMNADO
El próximo 26 de octubre se cumplirán dos años del fallecimiento de Manuel, al que sus compañeros llamaban Manu. El alumno, que entonces tenía de 15 años, pereció después de que un muro del IES Julio Prieto Nespereira se derrumbara sobre él, causando una muerte que conmocionó a la ciudad. Desde entonces y para “lograr que non se repitan máis feitos luctuosos” como ese, la comunidad educativa se ha movilizado hasta el punto de recoger más de 3.000 firmas con el fin de crear “escolas seguras”.
Tal demanda se articula como proposición no de ley de iniciativa popular y pretende que los grupos políticos representados en el Parlamento gallego apoyen la modificación “da Orde de Calendario Escolar co fin de incluír no artigo 17, que fala das Memorias dos Departamentos, a obrigatoriedade de incluír un apartado no que se detalle a consulta por medio dos titores ao alumnado dos distintos cursos”. Esta consulta servirá para solicitar información a los escolares sobre su percepción de “aspectos perigosos ou dañinos” en el centro. La recopilación de la información de ese apartado deberá tratarse en el Consello Escolar de fin de curso, en un punto denominado “Medidas Anuais Espazos Lectivos”.
El origen de esta petición, según apunta la propia proposición no de ley, es darle “voz a alumnado” en la evaluación de los riesgos que detectan en su experiencia diaria en la escuela. “Moita xente coñecía o perigo, pero a prevención non se impuxo”, señala la iniciativa en referencia a la caída del muro. “Recibimos multitude de mensaxes de persoas que refiren constatar a inestabilidade do muro que provocou o accidente mortal e doutras, nais sobre todo, que lle relatan o que lles contaron os seus fillos”, añade. Por consiguiente, “se os alumnos coñecían o perigo, pero o accidente sucedeu” es que fallaron “moitos aspectos que podemos reparar”, dado que no se encontraron “vías de comunicación” que transmitiesen las percepciones de los alumnos a los profesores “e a outros membros da comunidade educativa”.
El objetivo de esta proposición no de ley, por tanto, es extender el protocolo de la prevención al alumnado, ya que actualmente la prevención de riesgos laborales se centra en el personal. “Non existe unha lexislación e estrutura similar que vele específicamente pola seguridade do alumnado”, sostienen. El fin último de esta medida es impedir daños “evitables” en los colegios.
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