Nada se sabe del PXOM de Ourense

La falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal adaptado a la realidad y a las nuevas formas de consumo en la ciudad es una de las principales trabas a la inversión en la urbe. La posibilidad de levantar nuevas áreas comerciales es escasa, ya que apenas queda suelo compatible con estos usos dentro del plan de urbanismo vigente, que data de 1986, después de que cayeran los posteriores. En los últimos dos mandatos, se avanzó en la redacción del nuevo PXOM, pero en el último tramo de 2022, tras la ruptura el acuerdo de gobierno entre DO y el PP, todo saltó por los aires. El alcalde, que ahora repite en el cargo, ordenó incluir modificaciones por su cuenta al equipo redactor, y dejó en punto muerto los necesarios acuerdos para desbloquear un asunto de tanta trascendencia para el desarrollo urbano.

Como un conductor que circula en sentido contrario por una autovía y piensa que los demás son los que están equivocados, Jácome decidió enrocarse en noviembre de 2022 en uno de los asuntos que desde hace años piden un gran acuerdo político para desbloquearse. En un pleno extraordinario monográfico sobre el PXOM el pasado 21 de noviembre, el alcalde pretendía que la oposición respaldase seguir adelante con el PXOM que incorporó sus planteamientos sin negociación previa, como un rascacielos en la Finca Santamariña o encajar un parque acuático termal. Ahora, en el nuevo mandato, aunque Jácome cuenta con mayor representación, sigue lejos de la mayoría absoluta, lo que amenaza con repetir la parálisis. Él volvió a prometer la aprobación del PXOM “libre de pelotazos”, exactamente lo mismo que proponía en el programa de 2019 pero, de nuevo, carece de los votos suficientes.

Durante su mandato en solitario, no se convocó la comisión de seguimiento sobre el PXOM, ni se habló con los grupos ni mucho menos se produjo la tan ansiada exposición pública. El propio PP, ya fuera de su gobierno, le dijo entonces a Jácome que “bloqueó algo que estaba listo”, señalando que los cambios incluidos por Jácome “pueden suponer indemnizaciones millonarias y que los inversores se vayan a otras ciudades”, mientras que el PSOE ya aventuraba que “que mentres vostede estea como alcalde, non se vai aprobar un PXOM”. Mal augurio.

De hecho, en octubre de 2022 se había producido un acuerdo insólito. PP y PSOE coincidían en pedir que se encargase una propuesta de aprobación del PXOM, previa exposición al público e incorporación de temas legales y alegaciones, incluidas las modificaciones propuestas por el propio Jácome si estas encontraban encaje legal. De ahí, saldría un documento actualizado y listo para aprobarse con el consenso de todas las agrupaciones políticas presentes en el Concello para volver a sacarlo a exposición. Una hoja de ruta común entre populares y socialistas que, sin embargo, chocó con la cerrazón de Jácome. Ahora, a tenor de lo que el líder de DO expuso en su programa electoral, volvemos a la casilla de salida.

Los cambios que introdujo el gobierno local y bloquearon el documento

Cuando todavía gobernaba en coalición con el PP, el alcalde retiró temporalmente las competencias de Urbanismo a la concejala popular Sonia Ogando en junio de 2021 para ordenar al equipo redactor del PXOM que introdujese los cambios que él exigía. Modificaciones en las torres proyectadas por Copasa a orillas del Miño o la construcción de un rascacielos en la Finca Mariñamansa, de 80 plantas y 300 metros de alto, fueron algunas de las modificaciones introducidas, para lo cual el equipo redactor eliminó el número máximo de alturas en la zona. Además, en el documento se habilitaban usos para la creación de un parque acuático en el entorno de A Chavasqueira, en la zona del antiguo matadero, o un parque de aventuras en la zona del abandonado camping de Untes. Sin embargo, los cambios introducidos por orden directa de un alcalde en minoría no incluían, por ejemplo, la ronda bulevar termal, el ansiado proyecto que ahora podría tomar forma tras el inicio de las obras de la Variante Norte.

El plan urbanístico de Ourense, aprobado en 1986, pero que se empezó a diseñar en 1977, agota a ciudadanos y emprendedores por la dificultad de sacar adelante proyectos con una normativa tan rígida y obsoleta y la inseguridad jurídica que provoca, que retrasa la concesión de licencias.