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Análisis
La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge 16 motivos para que una de las partes interponga una recusación a un juez. Entre ellos, los más habituales suelen ser ver parcialidad o contaminación por estar implicado en resoluciones previas. Esa instancia pasa al nivel superior y se decide, pero el Constitucional ya matizó que un juez no puede ser recusado por ideología ni basándose en una opinión no materializada de forma objetiva. Por ahí discurren muchos de los razonamientos de los instructores que deciden darle carpetazo. En la última década, en casos de ámbito ourensano con ruido mediático sí han cristalizado dos recusaciones: el magistrado Villagómez fue apartado en el TSXG en el caso de Os Blancos a petición del PP por su cercanía al PSOE y Antonio Piña no vio en la Audiencia la apelación a las asistencias técnicas ante la "confrontación" con Áurea Soto.
Ahora, el último caso que salta a los titulares, todavía sin desenlace, es el de Manuel Cabezas. Acusado de prevaricación y malversación en el caso del 10%, el exregidor planteó una recusación contra el tribunal de la Audiencia al entender "comprometida su imparcialidad". Expone la defensa que los magistrados ya tienen "conocimiento directo" del caso, al haber intervenido en cuatro autos relacionados durante la instrucción por los que los ven "plenamente contaminados". La Fiscalía, que solicita siete años de prisión, ha pedido que se inadmita la recusación: "El órgano judicial que conoce la controversia no pierde su imparcialidad".
Entre las magistrados recusadas por Cabezas está Blanco Arce. En diciembre del 2019 ya estuvo en esta situación por una petición de la Fiscalía en el marco de la Zamburiña, que allí usó un argumento con ecos al de la defensa del exalcalde: veía la imparcialidad de la magistrada "comprometida al haber intervenido en resoluciones previas sobre este procedimiento". En todo caso, fue rechazada: la Audiencia provincial respondió que una recusación debe "expresar concreta y claramente la causa legal y sus motivos". Mismo camino llevó en 2018 la solicitada por el exjefe de Drogas Antonio R. F. contra el juez Leonardo Álvarez en la querella presentada contra los gemelos. El policía alegaba "falta de imparcialidad" por una supuesta amistad entre el decano y los hermanos, apoyada en un grupo de wasap con 13 personas. "Carece de un mínimo sustrato racional que de esto permita inferir que el juez recusado tenga una amistad íntima con los acusados", señalaron desde la Audiencia, que desmontaría en enero este caso tras anular las escuchas autorizadas por Álvarez.
Contigua a la Zamburiña, y ya con dos prórrogas, está el caso Comisaría. Su instructora es la jueza Eva Armesto desde el Penal 3. En 2017 fue recusada por el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que veía afán "incriminatorio" de la jueza dentro del caso que llevaba contra él. El proceso se archivó en 2017 y antes Piña había descartado la recusación: "No se especifica en qué radica esa parcialidad".
El presidente de la Audiencia fue recusado dos veces por Áurea Soto, en 2014 y 2019. Entremedias, ambos protagonizaron quizás el mayor pulso visto en Ourense entre política y judicatura. El contexto fue la cascada de imputaciones - al margen de la Pokémon, todas ya cerradas sin condena- y la mecha, el caso Bedoya. La defensa de la exedila de Urbanismo y de Paco Rodríguez recusaron al juez -entonces aún en el Penal 1- apoyándose en varias pruebas documentales para acreditar la supuesta cercanía entre este y Armando Ojea, ya que DO había llevado a Fiscalía el caso. La Audiencia no lo apartó, en un proceso que llegó al CGPJ. El clima alimentó que cinco años más tarde el TSXG atendiese a Soto y aceptase la recusación de Piña en la apelación de las asistencias técnicas, "sin negar la imparcialidad", por "confrontación" y "beligerancia".
También sería apartado Villagómez del caso del sorteo de la alcaldía de Os Blancos en 2011. El TSXG aceptó la recusación del PP, que exponía la cercanía del magistrado con el PSOE, observando el Alto Tribunal que se "quiebra la apariencia de imparcialidad".
De Lara sumó varias recusaciones en Lugo. Solo prosperó la presentada por el empresario Miguel García-Gesto: la Audiencia dictó en 2013 que la jueza se apartase de la pieza de la Pokémon referente al imputado después de que este la insultase en un restaurante. García-Gesto pasó semanas en el calabozo y aceptó 6 meses de prisión por amenazas. Mientras, una recusación de Vendex fue descartada y Besteiro llegó a presentar otras tres: la primera hablaba en 2016 de "animadversión" hacia su letrado Gómez-Pumpido después de que la jueza revelase correos entre ambos, en la segunda refirió "indefensión" por la Pulpo y tras la sanción de la jueza, en octubre de 2019, el exlíder del PSdeG y Orozco volvieron a pedir que fuese apartada del Garañón. Al final se cerró la causa.
Del robo del códice a la Gürtel y Cataluña
El juicio por el crimen de Asunta llevó a la recusación del juez Gómez Rey por haber estado "en contacto directo" con "material de hecho necesario para celebrar el juicio". El TSXG apartó en el Prestige a 3 jueces por haber participado en la instrucción del caso y en el juicio a Sito Miñanco rechazó apartar a dos magistrados por supuesta animadversión. Tampoco prosperó la recusación contra Vázquez Taín en el caso del robo del Códice.
En el resto de España, un alto volumen de recusaciones vienen por la cercanía de jueces al partido contrario que se juzga en un caso de corrupción: la Gürtel suma recusados e incluso un expulsado de la carrera judicial -Garzón- y los ERE llevó a la recusación del juez Izquierdo, ex alto cargo socialista. Cataluña juega también su papel: la sentencia del "procés" en el TC, por ejemplo, se frenó por las recusaciones solicitadas por los independentistas - el magistrado Narváez se inhibió el martes tras definir el 1-O en una charla como "golpe de Estado encubierto"-.
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