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SEGUNDA DENUNCIA
El exconcejal de Seguridad en el anterior mandato de Jácome, Telmo Ucha, amplía la denuncia interpuesta contra Jácome y el Concello de Ourense. En esta segunda denuncia administrativa, Ucha retoma la acusación de incompatibilidad por el sueldo que percibe y "el ejercicio de actividades incompatibles con su dedicación exclusiva por parte del alcalde de la ciudad, con gran fraude para el erario público".
A esta acusación de fraude suma ahora la inexistencia del canal de denuncias público al que esta administración local está obligada, en base a la legislación europea, desde hace más de un año. Un cauce habilitado a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula y protege a los ciudadanos que quieran informar sobre infracciones, actividades o consecuencias derivadas de posibles actos de corrupción.
Este canal de denuncias es obligatorio y se recoge en la directiva europea conocida como «Directiva Whistleblowing». Siguiendo los plazos recogidos en la aplicación de la directiva europea, Jácome se encontraría fuera de plazo ya desde el pasado el 13 de junio de 2023, al no habilitar esta vía de denuncia pública y protección del denunciante.
Ucha, en su denuncia, solicita la puesta en marcha de inmediato de dicho canal, que sería "competencia del alcalde", para reportar las posibles actividades corruptas y proteger a los denunciantes ante posibles represalias.
Recuerda en su denuncia que en las entidades locales, la autoridad competente para el inicio del procedimiento derivado de las acusaciones de corrupción "no puede ser otra que el alcalde o presidente de la corporación, que es quien ejerce la potestad sancionadora, tanto general como disciplinaria, salvo que la persona afectada sea él mismo, en cuyo caso las actuaciones se deberían remitir al pleno". Ucha apunta así al motivo que estaría detrás de la no implementación de dicho canal de denuncias.
En su opinión, la inexistencia de este cauce esa algo que evidencia la "actitud opaca" mostrada por parte del concello y apunta también a la posibilidad de reclamar las responsabilidades oportunas derivadas de no tener implementado esta vía, así como de la aplicación de las sanciones recogidas en la normativa.
El exconcejal de DO advierte en este escrito que el no ofrecer este canal para denunciar posibles casos de corrupción supone que Jácome puede incurrir en una infracción de tipo penal o administrativa grave o muy grave. La consecuencia, recuerda, puede conllevar una sanción de multa entre 600.001 y 1.000.000 de euros para las personas jurídicas.
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