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La investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia recogida en el el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, incluye a cuatro agresores y a cinco víctimas localizadas en Ourense, datos comunicados por la Diócesis ourensana. Tres de las abusados sexualmente son hombres y dos mujeres. Todos menores de edad. En cuanto a los agresores, tres son sacerdotes y el otro es un religioso no clérigo.
Así lo recoge el "Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos", que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Tras año y medio de investigación, el texto reúne el testimonio de 487 víctimas y cifra en 236.000 las personas que han sufrido abusos sexuales por parte de algún sacerdote o religioso en España, un 0,6% de la población española mayor de 18 años.
Según la encuesta, elaborada por GAD3, un 1,13% de los entrevistados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas.
En el informe, el Defensor del Pueblo ha destacado que la respuesta de la Iglesia a las víctimas ha sido "insuficiente y dilatoria" y que su conducta ha estado caracterizada por la "ocultación", "negación" o "minimización" del problema.
En cuanto a la participación de la Iglesia en el informe, Ángel Gabilondo ha afirmado en la rueda de prensa que ha intentado contactar con todos los obispos, pero no todos han contestado: "Algún obispo nos ha reñido" pero "otros lo han hecho bien".
El informe incluye, además, una veintena de recomendaciones dirigidas a la prevención y a la reparación de las víctimas. Entre las más destacadas se encuentran:
Algunas víctimas y asociaciones de víctimas de abusos sexuales consideran insuficientes las recomendaciones aportadas por el informe.
Por ejemplo, Miguel Ángel Hurtado, el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, ha asegurado a Europa Press que la investigación "ha sido un gatillazo y una decepción" y considera que las recomendaciones "son insuficientes y descafeinadas" ya que "no se ha escuchado a las víctimas ni a los expertos internacionales".
En la misma línea, Miguel Barbero, padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, ha criticado que el fondo de compensaciones que recomienda el Defensor del Pueblo sea de carácter estatal: "Al final esto lo paga todo el mundo menos la Iglesia, al final vamos a pagar todos los españoles unas indemnizaciones que le tocaría a la Iglesia. ¿Por qué tienen que ser los españoles los que paguen los platos rotos por unos pederastas?".
Por su parte, el presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ve con buenos ojos las recomendaciones incluidas por que "son propiamente de las víctimas" y valora positivamente el resultado de la investigación.
La Conferencia Episcopal también ha movido ficha tras la presentación del informe. Ha convocado para el próximo lunes, 30 de octubre, una Asamblea Plenaria Extraordinaria para analizar el texto. Los obispos acudirán de forma presencial u online.
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