Su estado de salud aplaza un juicio por tocar a la limpiadora en Cualedro

El equipo forense evaluará el estado de salud de Antonio R. F., acusado de un delito de agresión sexual contra una empleada del hogar en Cualedro. La jueza de dictar sentencia acordó ayer que el procesado sea examinado por un médico debido a sus evidentes limitaciones a la hora de expresarse. Esta medida tiene como objetivo determinar con precisión si el acusado cuenta con las facultades necesarias para comprender y consentir, de ser el caso, una posible conformidad legal.

Según el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, los hechos se originaron en octubre del año 2022. El acusado, de 74 años, había contratado los servicios de una empresa para realizar labores domésticas en su domicilio. La víctima acudió a la vivienda el 18 de octubre de ese año para cubrir unas vacaciones.

El Ministerio Público sostiene que, días después, alrededor de las 9,00 horas, mientras la mujer realizaba sus labores, el acusado se abalanzó sobre ella, la empujó hacia la cama y comenzó a realizarle tocamientos y besarla, al mismo tiempo que le ofrecía dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. La víctima logró zafarse de su agresor, huyó del lugar y notificó de inmediato lo ocurrido a su empresa.

Casi tres años de prisión

El Ministerio Fiscal califica estos hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita la pena de 2 años y 7 meses de prisión, junto con la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima a una distancia menor de 200 metros por un periodo de 5 años.

Asimismo, se requiere la imposición de una pena de libertad vigilada por un tiempo de tres años superior a la pena de prisión impuesta. A esto se suma la suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores por un periodo de cinco años superior a la condena principal. El impacto psicológico del asalto fue severo para la trabajadora. Según recoge el informe fiscal, la víctima desarrolló un trastorno por estrés postraumático agudo y ansiedad generalizada, requiriendo asistencia médica continuada. El tiempo de estabilización de las lesiones se ha cuantificado en 182 días, resultando en secuelas consistentes en un trastorno neurótico de grado moderado. Para reparar este daño, la Fiscalía exige que se abra una pieza de responsabilidad civil por la cual el acusado deberá abonar una indemnización de 12.000 euros, más los intereses legales correspondientes.