Bruselas permite aumentar ayudas por el coste energético

La Comisión Europea aprobó un nuevo marco temporal de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos de la Unión Europea compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo, con medidas que incluyen subvenciones de hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte o la pesca. El instrumento, bautizado como Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Próximo, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año y busca dar respuesta inmediata al alza de los precios de la electricidad, el gas y algunos insumos, que, según explica el Ejecutivo comunitario, está presionando los costes de producción y amenazando la viabilidad de numerosas actividades económicas.

“El impacto en nuestros ciudadanos y empresas exige respuestas inmediatas, que deben ser proporcionadas y proactivas”, defendió en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien subrayó que el marco permite apoyar a las empresas más afectadas “preservando al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único”.

En este sentido, las medidas se orientan especialmente a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola -afectada especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes-, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca, donde, señala la Comisión, el aumento de los gastos operativos puede comprometer directamente la continuidad de la actividad.

La aviación queda fuera

La aviación, en cambio, no figura entre los sectores incluidos en este régimen de ayudas, ya que, según aclara el Ejecutivo comunitario, el impacto de la subida de precios no es comparable al de otras actividades, en parte porque muchas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible a corto plazo.

En la práctica, las ayudas permitirán a los Estados compensar parte de la subida registrada desde el inicio de la crisis, calculado en función de la diferencia entre los precios actuales y los niveles previos, y limitado a un porcentaje del consumo de cada empresa. Además, Bruselas introduce una opción simplificada para acceder a las subvenciones, que permitirá a los países calcular los importes en función de criterios como el tamaño y el tipo de actividad de las empresas, así como estimaciones generales del uso de combustible en el sector u otros indicadores, en lugar de exigir a cada beneficiario pruebas detalladas de su consumo real, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario. A partir de esa cantidad, sin embargo, la Comisión sí exigirá que las ayudas se justifiquen sobre la base de los costes efectivamente soportados.