Casa 47 incorpora el contrato de alquiler público de 75 años

El Gobierno aprueba este lunes la conversión de Sepes en Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda que actuará como garante del artículo 47 de la Constitución. Según explicó Isabel Rodríguez, la entidad gestionará todo el ciclo de vida de los inmuebles y tendrá cuatro ejes de trabajo: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía.

El Gobierno lanza una oferta pública de 100 millones de euros para comprar más viviendas destinadas al alquiler asequible, y los contratos podrán durar hasta 75 años: el inicial será de 14 años y después habrá prórrogas automáticas de 7 años “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso”. Rodríguez señaló que Casa 47 busca construir con “rigor” y “seriedad”, planificando para “no repetir los errores del pasado”, y afirmó que las viviendas serán de “calidad” y “dignas”. El Ejecutivo introdujo mecanismos legales para asegurar que todo lo construido con recursos públicos sea siempre público y no se privatice.

El precio del alquiler se limitará para que nadie destine más del 30% de su renta, y se fijará según el sueldo medio de cada territorio. En zonas sin tensión en los precios se aplicarán factores correctores para no superar los precios actuales del mercado.

Para acceder a estas viviendas se exigirán rentas entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, lo que permitirá el acceso al 60% de la clase media y trabajadora. En 2026 estará disponible un portal online para consultar promociones y presentar solicitudes. Casa 47 incorporará viviendas y suelos del Estado procedentes de distintos ministerios y los activos de la Sareb, con más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos capaces de albergar otras 55.000 casas, además de su propia construcción. En lo que va de año se licitaron proyectos para más de 1.600 viviendas y se desbloquearon obras en Sevilla, Ibiza y Valencia.

Compensación por impagos

Mañana también se aprobará una ayuda para compensar a propietarios ante impagos en alquileres de jóvenes y familias vulnerables. Rodríguez explicó que la medida busca “dar garantías” y evitar discursos que “alimentan el miedo”. Pedro Sánchez avanzó que el Gobierno llevará un real decreto con una partida “que ayude a los propietarios ante los impagos”, una petición de Junts.

Además, el Ejecutivo quiere que este sistema de compensación funcione como un incentivo para que más propietarios incorporen sus viviendas al mercado de alquiler asequible. Desde el Ministerio se insiste en que la ampliación del parque público requiere estabilidad y confianza entre todas las partes. También se subraya que Casa 47 actuará como operador a largo plazo para crear barrios integrados, con servicios básicos y espacios comunitarios. La nueva entidad plantea una estrategia que prioriza zonas donde la presión de precios afecta de forma clara a jóvenes y familias trabajadoras. Con este modelo, el Gobierno pretende aumentar la oferta, estabilizar precios y reforzar la idea de la vivienda como un derecho y no solo como un activo financiero.

Isabel Rodríguez prevé invertir unos 13.000 millones en 10 años

La ministra Isabel Rodríguez señaló que el Gobierno invertirá 13.000 millones de euros en 10 años en la nueva empresa estatal de vivienda, con 1.300 millones anuales a partir de 2026. Explicó que, una vez alcanzado ese nivel de inversión, la gestión de los alquileres permitirá que la empresa sea viable “sin necesidad de más aportación pública”.

Indicó que la entidad ya cuenta con un patrimonio de 40.000 viviendas y que algunas se podrán ofrecer desde el primer trimestre de 2026. Afirmó que el objetivo es garantizar el derecho de acceso a la vivienda, proteger el parque público y asegurar la asequibilidad. Añadió que esta inversión busca consolidar una estructura estable que refuerce el papel del Estado como actor directo en el mercado del alquiler.

También avanzó que se habilitará un portal web para dar más transparencia y “dignidad” al proceso de acceso, desde la información sobre características hasta la ubicación de cada vivienda. Sobre la limitación del alquiler al 30% de la renta defendió que “supondría bajar los precios a la mitad de la media” y que en Barcelona un piso de 70 u 80 metros rondaría los 713 euros. Además, insistió en que esta regla permite adaptar el precio a la capacidad real de pago de cada territorio. Respecto a la ley del alquiler de temporada, pidió desbloquearla y apeló a los grupos a buscar acuerdos, al señalar que la ciudadanía reclama un pacto.