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OBJECIONES DEL PP
Los gobiernos de todas las comunidades autónomas, reunidos este jueves en la conferencia sectorial de vivienda, aceptaron la propuesta de reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, por lo que recibirán los importes en los próximos meses y podrán comenzar las actuaciones durante el segundo semestre de 2026.
Así lo confirmó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana al finalizar la conferencia sectorial, que concluyó con una unanimidad ya prevista por la ministra, Isabel Rodríguez, tras las declaraciones de los representantes autonómicos y pese a las objeciones de las comunidades gobernadas por el PP. Desde el Ministerio consideran que el plan es un acuerdo “importante” por su contenido y por el mensaje de unidad que lanza a la ciudadanía.
En declaraciones previas al encuentro, Isabel Rodríguez señaló que este acuerdo es una buena noticia para los ciudadanos que esperan propuestas “eficaces que den certezas y seguridad” a su principal inquietud. “Han sido muchos meses de trabajo y de diálogo”, afirmó la ministra, destacando la participación de la sociedad y los agentes del sector.
La ministra puso en valor que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente. Asimismo, aseguró que el reparto de los fondos no se verá afectado por procesos electorales, permitiendo que las comunidades reciban los importes para el mes de julio.
Desde el departamento ministerial esperan que este acuerdo “marque un punto de inflexión” para que las autonomías colaboren de forma leal en la aplicación de la Ley de Vivienda para bajar los precios del alquiler y frenar la especulación. El plan está dotado con 7.000 millones de euros —el triple que el anterior— e introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas. Además del porcentaje para vivienda protegida, el 30% se destinará a la rehabilitación del parque existente y el otro 30% a ayudas para la emancipación juvenil e intervención en zonas tensionadas.
La Comunidad de Madrid estudia llevar ante el Tribunal Supremo el plan estatal al considerar que invade competencias autonómicas, aunque votó a favor del reparto “por responsabilidad”. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, advirtió que, pese al voto favorable, discrepan del plan de Pedro Sánchez y se reservan la posibilidad de emprender recursos judiciales.
Por su parte, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, afirmó que la Xunta acata el nuevo plan, aunque lo considera “incompleto, insuficiente y sin consenso”. La conselleira advirtió que el retraso en el acuerdo supone “un año perdido” en convocatorias de ayudas para alquiler y promotores. En el caso de Galicia, la asignación para 2026 será de 45,6 millones de euros, dentro de una distribución global que movilizará 399 millones de euros hasta el año 2030 en la región.
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