Las comunidades reclaman un nuevo modelo de financiación

MÁS CRITERIOS PARA LAS AUTONOMÍAS

Demandan al Ejecutivo incluir la población ajustada, la despoblación, el PIB o el envejecimiento

Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista en el último debate del modelo de financiación autonómica.

La promesa de la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, de presentar en los próximos meses un nuevo modelo de financiación autonómica animó a las comunidades a volver a poner encima de la mesa los criterios que consideran que deben primar en este sistema, ya que algunas creen que se debería ponderar más la población ajustada, otras coinciden en anteponer el PIB regional, mientras que la mayoría apuestan por tener en cuenta la despoblación o el envejecimiento.

El Gobierno central todavía no ha concretado ningún detalle sobre el nuevo modelo, solo ha trasladado su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad. La última propuesta que presentó Hacienda hace cuatros se basó en la población ajustada, aunque el planteamiento finalmente no salió adelante.

Ahora, falta por determinar si Hacienda trabajará sobre este texto que remitió a las comunidades o tiene previsto otro escenario.

Cambios significativos

Según han ido adelantando las comunidades autónomas y el propio Gobierno, parece que hay cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que está trabajando actualmente el Gobierno.

De hecho, el Gobierno central prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, algo de lo que principalmente se nutre el actual sistema de financiación. En este nuevo modelo también tendrá que tener cabida la singularidad catalana que pactaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.

El Gobierno central prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, algo de lo que se nutre la actual financiación

El debate sobre el modelo de financiación autonómica siempre ha provocado diferentes puntos de vista territoriales, ya que algunas comunidades piden que se tenga en cuenta la dispersión territorial, mientras que otras apuestan por otros criterios.

En cualquier caso, la mayoría de las comunidades autónomas están reclamando que se prime la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, con todo el gasto que eso conlleva para las arcas autonómicas.

En concreto, son ocho regiones las que están pidiendo anteponer estos criterios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.