España ante un nuevo orden mundial

La política exterior española atraviesa uno de esos momentos en los que conviene distinguir entre la legitimidad de las posiciones y su coste estratégico. Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido una línea propia en varios de los grandes debates internacionales. Ha rechazado el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa planteado por EE UU, ha calificado de “genocidio” la ofensiva israelí sobre Gaza, ha mantenido una posición crítica respecto a determinadas actuaciones de Washington en Oriente Próximo y ha apostado por una política migratoria más abierta que la asumida por buena parte de los socios europeos.

Esa estrategia ha reforzado la imagen de Pedro Sánchez en el Sur Global y ha proyectado un perfil internacional diferenciado. Sin embargo, toda política exterior tiene un precio. Y, como ha advertido Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y exministro español, esa posición “marginaliza a España en la Unión Europea”. La afirmación merece ser tomada en serio porque procede precisamente de quien dirigió la diplomacia comunitaria durante la pasada legislatura y conoce mejor que nadie cómo se forman los consensos en la capital europea.

El caso de la inmigración resulta especialmente ilustrativo

El caso de la inmigración resulta especialmente ilustrativo. La economía española ha encontrado en la incorporación de trabajadores extranjeros uno de los factores que explican un crecimiento muy superior al de la media europea. Los datos disponibles muestran, además, que la inmigración irregular ha descendido en los últimos tiempos, desmontando parte del discurso alarmista construido por la extrema derecha en distintos países. Sin embargo, la política rara vez se mueve solo por los datos. La percepción social pesa tanto como la realidad estadística y, tras la crisis de Ceuta, hasta veintidós Estados miembros, encabezados por la italiana Giorgia Meloni y la danesa Mette Frederiksen, endurecieron su posición sobre la política migratoria europea.

Ese contraste ilustra una de las grandes dificultades de la política contemporánea. Una medida puede resultar defendible desde un punto de vista ético e incluso producir efectos económicos positivos a corto plazo, pero encontrar enormes resistencias si choca con el clima político dominante. Gobernar consiste también en medir la capacidad real para sostener determinadas posiciones cuando el contexto internacional cambia de dirección. Y el contexto está cambiando con una rapidez poco habitual, sobre todo en materia de inteligencia artificial, el nuevo paradigma económico.

Europa afronta simultáneamente una revisión profunda de su relación con EE UU, cuya protección militar ya no se percibe con la misma certeza que durante décadas; una competencia económica cada vez más intensa con China; la presión militar derivada de la guerra en Ucrania y de la creciente inestabilidad en Oriente Próximo; y una transformación tecnológica que está alterando el equilibrio industrial mundial. A ello se añade una revisión de la agenda climática, donde la propia UE ha comenzado a modular algunos de sus planteamientos iniciales para proteger su competitividad. Dadas sus capacidades, que no son las de EE UU ni China, España haría bien en no perder de vista ese horizonte. Porque Ceuta importa, pero no tanto como para que el país pierda el norte. Madrid corre el riesgo de ensimismarse.

Al alza- Nvidia

Los resultados de Nvidia confirman que la inversión en IA continúa creciendo a un ritmo extraordinario. Sin embargo, la clave no está en las cifras de esta compañía estadounidense, sino en la transformación política que empieza a rodear a esta tecnología. El reciente enfrentamiento entre el Pentágono y Anthropic pone de manifiesto que la IA ya no se considera solo una industria de futuro, sino un recurso estratégico cuya utilización puede quedar condicionada por razones de seguridad.

A la baja-la ética

Pedro Sánchez sigue yendo por libre, una vez que su voz fue firme respecto a Gaza y en materia migratoria y de defensa. Esa singularidad puede reforzar su perfil internacional, pero también plantea una cuestión incómoda: ¿dispone realmente España del peso suficiente para mantener desacuerdos simultáneos con Bruselas, Washington, Tel Aviv o Rabat, este último cada vez más respaldado por EE UU e Israel en el tablero geopolítico? No vaya a ser que la ética cotice menos que la realpolitik.