La Fiscalía investiga fraude en la Unión Europea ligado al IVA y aduanas
INVESTIGACIÓN
La Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 investigaciones, con un impacto estimado de 67.270 millones de euros
La Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 investigaciones por fraude en la Unión Europea, con un impacto estimado de 67.270 millones de euros, más de dos tercios ligados al IVA y a las aduanas, según su último informe anual, que sitúa en 97 los expedientes abiertos en España, con un daño estimado de 796,2 millones. El documento, que recoge la actividad de la institución durante 2025, destaca que este tipo de fraude está ganando peso frente a los casos relacionados con subvenciones y fondos europeos.
La fiscal general, Laura Kövesi, advirtió de que el fraude en el IVA y en aduanas genera “beneficios muy elevados con riesgos relativamente bajos”, lo que está transformando el ecosistema criminal en la UE. En el caso de España, de las 97 investigaciones en curso, 57 se abrieron en 2025 tras recibir 108 denuncias, con un daño estimado de 414,15 millones de euros. De los procedimientos activos, 23 están vinculados a fraude fiscal del IVA y aduanas y 22 tienen dimensión transfronteriza.
A nivel comunitario, la Fiscalía abrió 2.030 nuevas investigaciones en 2025, un 35% más que en 2024, con un impacto estimado de 48.700 millones de euros, lo que eleva el total de casos activos a 3.602. Los expedientes por uso indebido de fondos europeos representan el 68% de las investigaciones (2.450 casos), aunque su impacto económico asciende a 18.670 millones (27% del total). En contraste, los delitos ligados al IVA y aduanas suponen el 27% de los casos (981 investigaciones), pero concentran el 67% del perjuicio económico total, reflejando su alta rentabilidad.
El informe recoge además 512 investigaciones activas relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), eje del plan NextGenerationEU, cuyo volumen de pagos previsto hasta 2026 mantiene elevado el riesgo de fraude.
En el ámbito judicial, la tasa de condena en los casos tramitados por la EPPO se sitúa cerca del 95%, con 275 acusaciones formales en 2025 —un 34% más que el año anterior— contra 1.438 personas ante tribunales nacionales. Durante el año se autorizaron embargos por 1.130 millones de euros, con 288,9 millones efectivamente bloqueados. La Fiscalía recibió además 6.966 denuncias en 2025, un 6% más que el ejercicio anterior.
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