Inseguridad: el freno del mercado inmobiliario

Las páginas de La Región de este fin de semana dibujan con claridad una radiografía preocupante de Ourense. Bajo titulares como “La frustración de los jóvenes crece: ni trabajo, ni casa” y “Los hogares ourensanos: con hijos adultos a cargo y sin apenas bebés”, se ponen cifras y testimonios a una realidad que ya nadie discute: la emancipación juvenil se ha convertido en una carrera de obstáculos.

Los datos son elocuentes. Los alquileres promedian 677 euros para pisos de dos habitaciones y alcanzan los 850 en el centro de la ciudad. Entre 2023 y 2024, unos 3.200 ourensanos de entre 18 y 35 años trasladaron su residencia fuera de la provincia, muchos hacia Vigo o Madrid. Solo en 2023 se perdieron aproximadamente 1.200 jóvenes. El 35% de las personas de entre 25 y 34 años vive con sus padres. Y en el 95% de los hogares no hay menores de cinco años. Ourense es, además, la provincia gallega con mayor porcentaje de hogares unipersonales.

El diagnóstico inmediato apunta a salarios insuficientes y a un mercado tensionado. Pero hay un dato que obliga a ir un paso más allá: se estima que en torno al 40% de las viviendas en Ourense permanecen vacías.

¿Cómo se explica que exista tal volumen de inmuebles cerrados mientras miles de jóvenes no pueden independizarse?

La respuesta no es únicamente económica. Es, sobre todo, una cuestión de confianza. Muchos propietarios no sacan sus viviendas al mercado por una percepción creciente de inseguridad. No solo hablamos de seguridad ciudadana, sino también de seguridad jurídica y económica: garantías de cobro, protección frente a daños, rapidez ante impagos y mecanismos eficaces para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento.

Cuando esa confianza se pierde, el propietario opta por no arriesgar. Cada vivienda que permanece cerrada reduce las oportunidades de quienes buscan alquilar y estrecha aún más un mercado ya tensionado. En ese contexto empiezan a proliferar fórmulas alternativas, algunas sin apenas control ni garantías, que acaban ocupando el espacio que deja el mercado formal.

Ahí aparecen los subarrendamientos masivos de habitaciones en pisos originalmente concebidos para unidades familiares. Viviendas fragmentadas, en ocasiones sobreocupadas, con contratos poco claros y sin supervisión efectiva. Esta realidad, que puede responder a una necesidad inmediata, está generando problemas de convivencia y, en algunos casos, de seguridad.

Sin seguridad jurídica, económica y también ciudadana, el mercado difícilmente puede desenvolverse con normalidad

En zonas como la avenida de Zamora o el entorno de San Francisco se han denunciado recientemente episodios de lesiones, amenazas y otros delitos vinculados a conflictos en viviendas compartidas en condiciones precarias. No se trata de estigmatizar situaciones personales, sino de reconocer que la sobreocupación y la informalidad incrementan la tensión social.

En el coloquio celebrado el pasado viernes en la Universidad, organizado por el señor Vázquez Barquero con especialistas en vivienda, se puso de relieve una conclusión relevante: el problema no es solo la falta de construcción o de oferta nueva, sino la activación del parque existente. Entre las posibles soluciones planteadas figuró la necesidad de que las instituciones, además de promover vivienda de nueva creación, puedan adquirir o hacerse con inmuebles vacíos, especialmente en el casco antiguo, rehabilitarlos y ponerlos nuevamente en funcionamiento para alquiler accesible.

También se recordó que existen herramientas ya disponibles. La Xunta aporta ayudas de hasta 16.000 euros para rehabilitar viviendas y destinarlas al alquiler. Incentivos que, combinados con acompañamiento administrativo y un marco estable, podrían contribuir a movilizar parte de ese 40% de inmuebles actualmente cerrados.

La conclusión del foro fue clara: no basta con señalar el problema, es necesario reconstruir la confianza y activar mecanismos eficaces para que la vivienda vacía vuelva al mercado.

Mientras tanto, la consecuencia es evidente. Los jóvenes emigran, la natalidad se desploma y el parque inmobiliario potencial permanece bloqueado. Y en paralelo, los precios se tensionan y la convivencia se resiente.

Ourense necesita equilibrio. Protección para el inquilino vulnerable, sí. Pero también garantías reales para el propietario cumplidor. Agilidad ante la morosidad, mecanismos eficaces frente a los daños, incentivos razonables y un marco normativo estable.

Sin seguridad jurídica, económica y también ciudadana, el mercado difícilmente puede desenvolverse con normalidad. Y cuando ese equilibrio se resiente, la vivienda deja de ser un proyecto de vida para convertirse en una preocupación constante para muchas familias.

La inseguridad es hoy, uno de los factores que más condiciona el funcionamiento del mercado inmobiliario en Ourense.