Los funcionarios reclaman la firma del convenio con Muface

Miles de funcionarios salieron este lunes a las calles del país para protestar por la “inactividad total y absoluta” del Gobierno en las negociaciones para la asistencia sanitaria de Muface, después de que las compañías aseguradoras decidiesen no acudir a la oferta de licitación actual. En Madrid, los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Hacienda con banderas y pancartas pidiendo también una subida salarial, mejores condiciones laborales y más empleo público, al mismo tiempo que cantaban consignas como “son necesarios mejores salarios” o “en la Administración, equiparación”.

“Hoy miles de empleadas y empleados públicos salimos a la calle en toda España para exigir que se negocie y se mejoren las condiciones laborales que tenemos y en defensa del modelo sanitario de Muface, que está en serio riesgo por la cicatería del Gobierno y corre también el riesgo de sucumbir por inanición”, declaró a la prensa el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.

Borra aseguró que “se está jugando con la salud” de 1,5 millones de personas, razón por la que exigió al Gobierno “dar la talla” y comenzar las negociaciones para ayudar a los empleados públicos, que “están abandonados”.

Tras ello, afirmó que la semana pasada se reunieron con el Consejo General, donde se acordó sacar un nuevo concurso, pero que “ni se establecieron plazos ni se dieron cantidades”, por lo que seguirán pidiendo una aclaración sobre cuál va a ser la postura del Gobierno respecto a la financiación del modelo mutualista.

Subvención mínima del 24%

El presidente de CSIF también manifestó que las negociaciones deben comenzar “como mínimo” con la primera oferta realizada por la Dirección General, que incluía una subvención del 24 por ciento, si bien reconoció que el acuerdo debe situarse entre esta cifra y el 45 por ciento que pidieron las aseguradoras.

“Ese 17 por ciento era muy cicatero y desde luego lo único que íbamos a conseguir con eso era acabar con el modelo. Desde CSIF abogamos por que siga esa negociación y desde luego el Gobierno tiene que poner un porcentaje de subida superior encima de la mesa”, añadió. Del mismo modo, afirmó que no tiene “tan claro” que el Gobierno pueda obligar a las aseguradoras a que sigan prestando asistencia sanitaria a pesar de que no haya concierto, tras lo que ha insistido en que el modelo debe de ser de calidad, para lo que tiene que estar “suficientemente financiado”.

En caso de que el Gobierno siga con “con esa inactividad total y absoluta” y “desaparecido” en las negociaciones, Borra amenazó con más movilizaciones en el futuro, recordando la manifestación del próximo mes de diciembre, y abriendo la puerta a convocar más en enero. “Tenemos que sentarnos a tratar la subida salarial para el ejercicio 2025, empezar a recuperar poder adquisitivo, negociar las ofertas públicas de empleo, eliminar la tasa de reposición, conseguir esa financiación necesaria para las mutualidades y, desde luego, dar pasos firmes en avanzar para conseguir que todas las administraciones establezcan igual trabajo, igual salario”, destacó Borra.

Poder adquisitivo

En ese sentido, recordó que los funcionarios perdieron “casi un 20 por ciento de poder adquisitivo en los últimos años”, y que el 31 de diciembre finaliza el “mal acuerdo” que firmaron los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), que les hizo perder “un cinco por ciento más”, razón por la que cree que es el momento de que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo plurianual.

Además, expresó que es necesario acelerar los procesos de estabilización de plazas de personal interino, que no debe superar el ocho por ciento para el 31 de diciembre, algo “muy difícil que se pueda consolidar” debido a que las convocatorias que afectan a miles de personas “van con retraso de meses”. CSIF pretende recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra, así como negociar una nueva oferta de empleo público para 2025 en la que se elimine la tasa de reposición.