El Gobierno aprueba nuevas normas para los centros de datos y evitar una subida del 25% en la factura eléctrica

5.000 MILLONES ANUALES

España aprueba una regulación para los centros de datos que obligará a utilizar un 80% de energía renovable y limitar el consumo de agua. El Gobierno calcula que evitará un sobrecoste eléctrico de 5.000 millones anuales.

Recurso de centro de datos
Recurso de centro de datos | Europa Press

El Gobierno ha aprobado este viernes una nueva regulación para los centros de datos en España, con el objetivo de limitar su impacto sobre el consumo eléctrico, el precio de la luz y los recursos hídricos. El Ejecutivo calcula que, sin estas medidas, la expansión de estas infraestructuras podría provocar un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales en el sistema eléctrico y un encarecimiento del 25% en la factura industrial.

La norma, aprobada en el Consejo de Ministros a propuesta de los departamentos de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, establece nuevas exigencias de sostenibilidad energética, consumo de agua y protección de datos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que España se convierte en un país pionero en la regulación de estas instalaciones, cuya expansión está estrechamente vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial y los servicios digitales.

¿Cómo evitará el Gobierno que los centros de datos encarezcan la luz?

Según las estimaciones del Ministerio, la expansión de los centros de datos sin una regulación específica podría elevar el consumo de gas natural un 165%, debido a que estas instalaciones necesitan electricidad de forma constante.

Ese escenario provocaría, según los cálculos oficiales, 4.000 millones de euros adicionales al año por el encarecimiento del mercado mayorista eléctrico y otros 1.000 millones por los mecanismos de capacidad.

Para evitarlo, los nuevos centros de datos de más de 10 megavatios deberán acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico anual procede de fuentes renovables, mediante autoconsumo, almacenamiento o contratos de suministro a largo plazo con determinadas instalaciones renovables.

Además, deberán adaptar progresivamente su consumo a las horas en las que se produce la electricidad renovable, para reducir la presión sobre la red.

Nuevas obligaciones desde 2032

La normativa establece un período transitorio para facilitar la adaptación de las instalaciones y evitar la paralización de inversiones.

Hasta finales de 2028, los proyectos acogidos al régimen voluntario deberán cumplir una correlación horaria del 60% en horas punta. Posteriormente, esta exigencia aumentará al 70% en determinados períodos horarios.

A partir del 1 de enero de 2032, todos los centros afectados deberán cumplir el requisito del 80% de energía renovable y la correlación horaria establecida.

Durante el período transitorio, el operador del sistema podrá reducir o interrumpir temporalmente su suministro cuando se produzcan situaciones de tensión en la red.

El Gobierno también contempla sanciones que pueden llegar a la suspensión durante tres años de los derechos de acceso y conexión, así como compensaciones económicas por incumplimiento que se destinarán a reducir costes del sistema eléctrico.

Límites al consumo de agua y mayor eficiencia energética

La regulación también introduce obligaciones para reducir el consumo de agua utilizado en la refrigeración de los servidores. Los nuevos centros deberán alcanzar la máxima calificación europea de eficiencia hídrica, la etiqueta A, con un consumo de referencia prácticamente nulo, de 0,1 litros por kilovatio, según los parámetros recogidos en la norma.

También se exigirá la máxima eficiencia energética, aunque adaptada a las condiciones climáticas de cada territorio. El Ministerio tendrá en cuenta las diferencias entre regiones como Andalucía, el Mediterráneo o el Cantábrico, donde las necesidades de refrigeración no son las mismas.

Además, los centros de más de 500 kilovatios deberán comunicar anualmente sus datos de eficiencia al Ministerio.

Protección de datos sanitarios, fiscales y energéticos

Otro de los objetivos de la regulación es reforzar la soberanía digital y la protección de la información sensible almacenada en los centros de datos. El decreto establece mecanismos de supervisión para determinados sistemas que gestionan información de alta sensibilidad, como datos sanitarios, fiscales, energéticos o relacionados con el transporte. En estos casos, se exigirá que la información permanezca en España o en el Espacio Económico Europeo, con requisitos específicos sobre los recursos empleados y el acceso desde terceros países.

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