El Gobierno estudia penalizar al casero que suba el alquiler

El Gobierno estudia emplear el IRPF como herramienta para penalizar a los propietarios que suban los precios del alquiler al finalizar el contrato, una medida que no afecta a los incrementos anuales permitidos por la ley, según confirmaron fuentes gubernamentales. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló que se busca alcanzar un acuerdo con los grupos políticos mediante “incentivos o castigos” fiscales para frenar la subida de los alquileres y reforzar la protección de los inquilinos, en paralelo al escudo social que permite congelar la renta en situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, los propietarios pueden beneficiarse de reducciones en el IRPF de hasta el 60% en función de la fecha de firma del contrato, la rehabilitación del inmueble o su acogida a programas públicos de alquiler a precio de mercado, mientras que en zonas tensionadas las reducciones pueden alcanzar el 90% para ciertos casos. Con las penalizaciones estudiadas, estas deducciones se reducen o incluso se eliminan si el casero incrementa la renta. Rodríguez insistió en que “si estás viviendo de alquiler y vives desasosiego porque piensas que te van a echar mañana o que te van a subir el alquiler, la gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler”.

El Ejecutivo también pretende limitar los contratos de temporada y regular el alquiler por habitaciones, aplicando los mecanismos de control de rentas previstos en la ley en las zonas tensionadas. Además, la ministra pidió a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias ante los desahucios, recordando que los propietarios deben garantizar que las viviendas estén en condiciones de dignidad y habitabilidad, y defendió que “vivir en alquiler no es menos digno que vivir en propiedad”.

Proteger a los vulnerables

Rodríguez subrayó la importancia de que los grupos parlamentarios alcancen acuerdos y sean “sensibles” con las medidas sociales y económicas, destacando que algunas soluciones cuentan con más consenso entre profesionales que dentro del Congreso. La ministra también recalcó la necesidad de proteger a las personas vulnerables, como el caso de Mariano Ordaz, un jubilado de Madrid cuyo desahucio se paralizó temporalmente, y responsabilizó a la Comunidad de Madrid por no garantizar alternativas habitacionales.

Por último, la titular de Vivienda anunció que el Gobierno continuará reforzando los mecanismos de seguimiento y control del mercado de alquiler, con inspecciones periódicas y sanciones para los incumplimientos, y indicó que se analizará “cómo mejorar la colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas para que las normas se cumplan de manera efectiva”, con el objetivo de proteger el derecho a una vivienda digna y garantizar estabilidad para los inquilinos en todo el territorio. Rodríguez también destacó que se valorará la creación de un sistema de alertas tempranas sobre subidas abusivas de rentas y desahucios, y que se impulsará la educación a propietarios e inquilinos sobre sus derechos y obligaciones.

La patronal inmobiliaria rechaza la medida de castigo en el IRPF

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) criticó este viernes la medida que el Gobierno estudia para penalizar a los caseros que suban el alquiler a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El presidente de la federación, José María Alfaro, indicó que esta medida ofrece “inseguridad jurídica” y una “elevada incertidumbre normativa” para los propietarios de las viviendas.

Esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, y no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley, y se trata de una iniciativa que está actualmente en fase de negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez también pretende limitar los contratos de temporada con un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

En este sentido, la asociación advirtió de que esto puede agravar la crisis del mercado del alquiler, ya que, según el comunicado, puede reducir “de forma directa el alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde la caída de oferta alcanza en algunos casos hasta el 50%”. Además, la FAI subrayó que la acumulación de nuevas medidas podría “desincentivar la inversión en vivienda de alquiler” y afectar al equilibrio del mercado, dificultando que se mantenga la oferta suficiente para atender a los inquilinos.