Calama admite a PP, Vox y Hazte Oír en el 'caso Plus Ultra' y analiza si agrupar las acusaciones populares

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un paso clave en el denominado "caso Plus Ultra" al admitir la personación del PP, Vox y Hazte Oír como acusaciones populares en la causa donde se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el juez analiza si agrupa estas acusaciones para agilizar el proceso, la defensa del exlíder socialista ya ha sido formalmente reconocida de cara a su citación como investigado, prevista para el próximo 2 de junio, por presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias y organización criminal.

En una providencia reciente, el juez Calama ha otorgado un plazo de dos días para que la Fiscalía y las partes personadas se pronuncien sobre la conveniencia de agrupar las acusaciones populares. Además de las entidades ya admitidas, existen otras cinco organizaciones, entre las que figuran Manos Limpias, Iustitia Europa y Liberum, que permanecen a la espera de subsanar defectos procesales o abonar las fianzas correspondientes. Por otro lado, la justicia ha dado por personado al letrado Víctor Moreno Catena como abogado defensor de Zapatero.

La investigación se centra en la presunta existencia de una trama de tráfico de influencias liderada por el expresidente, que habría utilizado sociedades instrumentales y canales financieros opacos para obtener beneficios económicos ilícitos. El magistrado sospecha que Zapatero intervino de forma irregular en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, presuntamente a cambio del cobro de comisiones millonarias. El auto de imputación señala que tanto el exdirigente como su entorno habrían recibido cerca de dos millones de euros tras la aprobación de dicha ayuda pública.

Para canalizar estos fondos, el juez investiga la creación de una sociedad opaca en Dubái y el uso de la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y también investigado en la causa. El magistrado sospecha que los pagos realizados a través de esta mercantil se justificaron con trabajos de consultoría ficticios, sirviendo únicamente como pantalla para el cobro de las mordidas. Por todo ello, Zapatero deberá responder el próximo mes ante indicios de blanqueo de capitales y falsedad documental en una de las causas judiciales con mayor impacto político de este 2026.