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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la admisión a trámite de la proposición de ley de EH Bildu para prohibir que las grandes plataformas digitales anuncien o contraten alojamientos turísticos ilegales. Lo que quiere decir que no podrán publicitar viviendas que no cuenten con número de licencia o registro oficial.
La iniciativa, que ha superado su primer trámite parlamentario con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, BNG, Podemos, Coalición Canaria, Compromís y el diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, busca imponer sanciones de entre 10.000 y un millón de euros a las empresas que incumplan la norma. PP, Vox y UPN votaron en contra.
La proposición de EH Bildu establece que las plataformas digitales serán responsables legales de evitar publicar y contratar alojamientos turísticos sin licencia, registro o permiso de habitabilidad. Hasta ahora, la retirada de anuncios irregulares dependía de largos procesos judiciales o de la voluntad de las empresas.
Se contemplan tres niveles de sanciones: muy graves (500.001–1.000.000 €) por permitir la contratación de viviendas sin licencia; graves (50.001–500.000 €) por permitir su publicación; y leves (10.000–50.000 €) por no incluir información esencial sobre el alojamiento. Plataformas como Airbnb, Booking, Expedia y Vrbo serían las principales afectadas, cerrando un “espacio de impunidad” en el que operan muchos alquileres irregulares, según Oskar Matute.
La medida cuenta con apoyo de la mayoría de partidos de izquierda y formaciones nacionalistas, aunque algunos (como Junts, PNV o Coalición Canaria) anuncian posibles enmiendas por cuestiones competenciales. Sumar aboga por que la ley permita prohibir pisos turísticos en zonas tensionadas.
La iniciativa complementa el registro estatal de alquileres turísticos y temporales, vigente desde julio, que obliga a incluir un número de identificación oficial. EH Bildu estima que entre el 40% y 90% de los alquileres vacacionales anunciados online son irregulares. Matute subraya que la proposición refuerza la lucha contra el fraude y la gentrificación, sin invadir competencias autonómicas o locales.
Tras su admisión a trámite, el texto inicia su tramitación parlamentaria, con posibilidad de enmiendas antes del debate en comisión, un proceso que podría durar meses. De prosperar, sería la segunda iniciativa en vivienda de un socio de la izquierda del PSOE que avanza en el Congreso, tras la reforma sobre alquileres de temporada de diciembre.
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