El Defensor del Pueblo investigará las condiciones “precarias” de los militares desplegados en Ceuta

El Defensor del Pueblo estudiará la queja de asociaciones militares por la “precaria” situación en la que están prestando servicio el personal en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta. La queja, que fue admitida a trámite según confirmó el defensor del pueblo, fue presentada por las asociaciones profesionales Asfaspro (Asociación Profesional de Suboficiales), AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) y UMT (Unión de Militares de Tropa).

Las organizaciones expusieron a la institución que dirige Ángel Gabilondo la “tensión operativa” que existe en la ciudad autónoma, así como las agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias. El Observatorio de la Vida Militar también advirtió de la insuficiencia de plazas en las residencias militares.

Las asociaciones consideran que es inadmisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione reglas operativas que otorguen cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo; dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles. El Ministerio de Defensa confirmó 24 casos de sarna en la Comandancia General de Ceuta, aunque precisó que dos eran anteriores a la llegada masiva de migrantes y sostuvo que los contagios no estaban relacionados con el contacto con ellos. Defensa aseguró además que se habían adoptado medidas de tratamiento e higienización de las instalaciones.

Protección de datos

Otro de los aspectos que reclaman es la protección de datos identificativos mediante medidas contundentes para impedir la identificación y localización personal de los militares desplegados y la de sus familias. Para las organizaciones “resulta incomprensible” que las Fuerzas Armadas deban recurrir a la máxima institución de garantías constitucionales para reclamar unas condiciones laborales dignas, seguras y protegidas. Las organizaciones seguirán con atención el curso del expediente abierto y la información que el Ministerio de Defensa está obligado a remitir al Defensor del Pueblo, exigiendo soluciones inmediatas para todos los compañeros destinados o comisionados en Ceuta.