Detienen al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares de mascarillas

La Guardia Civil ha detenido este martes a Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, y a su vicepresidente, Fernando Giménez, ambos del PP, así como al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también del PP, por presuntas contrataciones irregulares en el marco del caso judicial conocido como caso “Mascarillas”.

Los arrestos fueron realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que investiga posibles irregularidades en contratos de suministro de material sanitario durante la fase más crítica de la pandemia. Tanto Giménez como Sánchez ya estaban siendo investigados, y ahora la causa se centra en determinar si hubo “mordidas” o sobrecostes en la adquisición de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI).

Los agentes accedieron al Palacio Provincial a primera hora de la mañana para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores, conforme al auto judicial de la instructora María Belén López. Además, se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día. La investigación busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales en un contrato valorado en 2.036.186,24 euros, que se adjudicó mediante un procedimiento de urgencia en abril de 2020, cuando el coste real del suministro no superó el millón de euros.

El caso, abierto en junio de 2021, mantiene actualmente a 14 personas y siete empresas bajo investigación. En aquel momento, el exdiputado provincial Óscar Liria fue detenido y enviado a prisión preventiva tras el registro de expedientes en el Área de Fomento, incluyendo contratos con la empresa Azor Corporate Ibérica y otros 16 expedientes de obras adjudicados a Pulconar, cuyo administrador también está siendo investigado.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, había solicitado en octubre que el presidente de la Diputación declarase como testigo, argumentando la falta de concordancia entre declaraciones de testigos e investigados. Asimismo, reclamó información detallada sobre asesores y comunicaciones internas, incluyendo mensajes de un grupo de mensajería denominado “Naranjito”, que podrían demostrar conocimiento directo de los hechos por parte de los responsables.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han evitado valorar las detenciones hasta contar con información completa, mientras la Junta garantiza máxima colaboración con la justicia para que la investigación “llegue hasta el final”.