España abre hoy a consulta el "EU Kids Act", que prohíbe cuentas en redes sociales a menores de 15 años

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública abrirá este miércoles a consulta pública la propuesta del reglamento europeo "EU Kids Act" ("Ley europea del Niño" en inglés), una normativa que prohibirá a los menores de 15 años crear cuentas autónomas en redes sociales y plataformas de vídeo sin supervisión parental.

La iniciativa busca proteger a los menores de los servicios digitales y los sistemas de IA de riesgo, defender el mercado único digital y mantener un marco regulador y una estructura de control del cumplimiento coherentes para la protección de los menores en línea.

Se mantendrá abierto el plazo para recibir aportaciones de ciudadanos y organizaciones hasta el próximo 4 de noviembre.

Según ha concretado el departamento que dirige Óscar López, la propuesta de Reglamento incluye normas que reconocen el papel de los progenitores y tutores legales a la hora de apoyar el desarrollo seguro de los menores en línea, mediante la creación de cuentas con funcionalidades limitadas para los menores entre los 13 y los 15 años.

De forma excepcional, los proveedores de servicios de intercambio de vídeos que acrediten ser un servicio adecuado a la edad podrán permitir el acceso, mediante cuentas creadas y supervisadas por el propio tutor, a menores de 13 años.

"La propuesta establece requisitos claros de seguridad desde el diseño para los servicios de redes sociales en línea, los servicios de plataformas de intercambio de vídeos, los juegos en línea, los compañeros de IA y los chatbots de propósito general, así como las tiendas de aplicaciones informáticas", ha explicado.

De este modo, la norma incluye límites al diseño adictivo, ajustes de los sistemas de recomendación, configuración por defecto de la máxima privacidad o transparencia de las transacciones económicas.

Para respaldar el aplazamiento del acceso y la aplicación de los requisitos de seguridad desde el diseño, la propuesta establece un marco para el uso y la implantación de sistemas de garantía de la edad. También establece criterios comunes para la garantía de la edad que garantizan el funcionamiento del mercado único.