España advierte a la UE y condiciona aceptar las nuevas lenguas a la oficialidad del gallego, catalán y euskera

El Gobierno español ha elevado el tono en su estrategia para lograr que el gallego, el catalán y el euskera sean lenguas oficiales de la Unión Europea, hasta el punto de advertir de que España no podrá aceptar la incorporación de nuevas lenguas al reglamento lingüístico comunitario si antes no sale adelante su petición.

"No es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego", han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La cuestión será incluida como punto varios en el próximo Consejo de Asuntos Generales de la UE, previsto para el 22 de septiembre.

España presentó formalmente esta petición en agosto de 2023, en el marco del acuerdo alcanzado con Junts para conseguir su apoyo a la nueva legislatura. La modificación requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros, un respaldo que todavía no se ha conseguido.

La unanimidad continúa siendo el principal obstáculo

El Ejecutivo ha defendido ante sus socios europeos que la oficialidad de las tres lenguas constituye una prioridad. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que se trata de una cuestión de tiempo y que finalmente se logrará la aprobación.

La entrada de nuevos Estados miembros implicaría añadir nuevas lenguas oficiales a las 24 actuales, un escenario que España considera que debe servir para avanzar también en el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego.

Desde Exteriores han subrayado que España "apoya firmemente el proceso de ampliación" y consideran positivo que la incorporación de nuevas lenguas refuerce el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos europeos. Al mismo tiempo, defienden que "urge avanzar" en la reforma que permita reconocer las lenguas cooficiales españolas dentro de la UE.

La propuesta española volverá a ponerse sobre la mesa en septiembre, por primera vez desde julio de 2025. En aquella ocasión, alrededor de una decena de países se mostraron contrarios, entre ellos Alemania. El pasado mayo, el Ministerio de Exteriores alemán confirmó que continuaba teniendo dudas sobre la iniciativa.

El principal problema continúa siendo la necesidad de unanimidad, especialmente por las dudas jurídicas y por el temor de algunos Estados a que el reconocimiento siente un precedente para otras lenguas minoritarias europeas.

España se ha comprometido a asumir los costes adicionales de la medida, estimados por la Comisión Europea en unos 132 millones de euros anuales, y ha planteado además una implantación parcial para reducir la carga de traducción.

La propuesta presentada en 2025 contemplaba que el catalán, el euskera y el gallego fueran oficiales parcialmente desde 2027, limitando inicialmente las traducciones a los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representaron alrededor del 3% del total de actos jurídicos de la anterior legislatura.

Para defender que las tres lenguas españolas reciban un tratamiento diferenciado, el Gobierno argumenta que están reconocidas por la Constitución española, se utilizan en el Congreso y el Senado y fueron empleadas por España para traducir los tratados europeos y buena parte de la legislación comunitaria antes de plantear su oficialidad.