El Gobierno aprueba una ley para limitar la sanidad privada y priorizar la gestión pública del SNS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que deroga la Ley 15/1997 y limita la colaboración público-privada en sanidad a situaciones excepcionales y previamente evaluadas, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la norma como un “triunfo de la sociedad civil” y una herramienta para blindar el SNS frente a la privatización, asegurando que la ley pondrá freno a prácticas que ha calificado de “obscenas”. En este sentido, ha señalado que la privatización no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que impacta negativamente en la calidad asistencial y la equidad, según la evidencia científica.

El texto establece que solo se podrá recurrir a entidades privadas cuando no sea posible la prestación directa, y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y estándares de calidad, continuidad y accesibilidad. Además, cualquier iniciativa de este tipo deberá someterse a una evaluación previa obligatoria, cuyos informes serán públicos.

El anteproyecto también refuerza el buen gobierno y la rendición de cuentas, introduce controles sobre consorcios sanitarios y prioriza a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en la contratación. La norma no tendrá efectos retroactivos y ahora iniciará su tramitación parlamentaria, con la expectativa del Gobierno de lograr un amplio respaldo en el Congreso.