El Gobierno quiere prorrogar alquileres y vetar desahucios

El decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno prometió tras el episodio de Maricarmen prohíbe, entre otras medidas, los desahucios para personas vulnerables hasta 2028, endurece las condiciones para el alquiler temporal y concede bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos, según consta en el borrador del texto. Para conseguir el apoyo de Junts, el Ejecutivo puso sobre la mesa bonificaciones fiscales a caseros e inquilinos. Además de los catalanes, el Gobierno también tiene que atar el apoyo de Podemos, que exige la eliminación de la reforma de la Ley del Suelo que sí se incluía en una versión anterior que nunca llegó a aprobarse en Consejo de Ministros.

El Gobierno, según el borrador del texto, cumplió esas dos premisas y concede diferentes bonificaciones fiscales y eliminó cualquier referencia a la reforma de la Ley del Suelo. Tampoco incluye la propuesta ninguna mención a convertir en indefinidos los contratos de alquiler, una propuesta que el Sindicato de Inquilinas viene reclamando y que Sumar, el socio minoritario del Gobierno, respalda. Lo que sí plantea el borrador es amparar las solicitudes de prórroga del contrato de alquiler que se formularon con el decreto auspiciado por Sumar para prorrogar los alquileres durante dos años y que fue derogado por el Congreso.

Suspensión de desahucios

En concreto, la propuesta que planteó al Gobierno y que se prevé aprobar hoy en Consejo de Ministros, incluye la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2028 los procesos de desahucio cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. Por otro lado, el decreto plantea una reforma en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para regular el alquiler temporal y obligar al casero a justificar una causa “real y acreditable” para ese contrato y, si no la hubiere, se convertirá en un alquiler de vivienda habitual.

Por otro lado, se limita la subida de la renta del alquiler al valor del Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda y queda expresamente prohibida la traslación de gastos al inquilino tributos, gastos de comunidad, de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato. La propuesta también limita la garantía adicional a un máximo de dos mensualidades en alquiler habitual y a una en alquiler temporal. Al mismo tiempo, se prohíbe obligar al inquilino a contratar seguros de impago.

El texto, además, propone que en las zonas tensionadas las rentas de nuevos contratos no puedan superar el contrato anterior o el límite fijado por el sistema de índices de precios de referencia. También cuando se trate de zonas tensionadas, las comunidades autónomas podrán rebajar el umbral de gran tenedor de diez a cinco inmuebles. De su lado, se incluye un régimen sancionador para las plataformas turísticas que van desde 100.000 hasta un millón de euros si incumplen con la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. En materia de IVA, desde el 1 de octubre de 2026 determinados alquileres de viviendas amuebladas dejarán de estar exentos cuando incluyan servicios propios de la industria hotelera o tengan una duración de hasta 30 noches en las condiciones previstas. También modifica el IVA de las obras de renovación y reparación de viviendas.

Ibi y plusvalía municipal

En el IBI, se permiten recargos de hasta el 50% para viviendas vacías de titulares de cuatro o más inmuebles residenciales, de hasta el 100% cuando lleven más de tres años vacías y de hasta el 50% para viviendas turísticas en zonas tensionadas, ampliable al 100% para titulares de cuatro o más. El texto modifica también los coeficientes máximos de la plusvalía municipal, desde 0,17 para periodos inferiores a un año hasta 0,30 para 20 años o más, en función del periodo de generación del incremento de valor. El decreto crea la línea TU CASA, un mecanismo de préstamos a tipo de interés cero y sin comisiones de hasta 50.000 euros y con una duración de diez años. El periodo de carencia será igual al plazo de la hipoteca, con un máximo de 30 años.