El Gobierno tramita una petición de indulto para García Ortiz

El Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos, del que le consideró culpable el Tribunal Supremo. El Gobierno ha emplazado al alto tribunal a informar sobre la solicitud, al ser el órgano que dictó la sentencia.

Se trata de una petición de indulto formulada por dos particulares que, una vez recibida por Justicia, ha sido trasladada al Tribunal Supremo para que emita su parecer, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes del Gobierno.

La solicitud de indultos por particulares puede realizarse por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Estas peticiones deben ser informadas por el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, y deben ser oídas tanto la Fiscalía como la parte agraviada.

En caso de prosperar, la concesión del indulto corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, debiendo aprobarse mediante real decreto publicado en el BOE.

García Ortiz fue condenado en diciembre a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

El Tribunal Supremo le condenó por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, atribuyéndole la filtración a medios de comunicación de un correo electrónico en el que el empresario se ofrecía a confesar, así como la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba.

Según la Sala de lo Penal, fue García Ortiz o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” quien filtró, la noche del 13 de marzo de 2024, a la Cadena SER el correo enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que ofrecía que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel.

La sentencia fue respaldada por cinco de los siete magistrados del tribunal, aunque contó con dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que expresaron su “discrepancia absoluta” al considerar que solo existían meras sospechas y que García Ortiz debió ser absuelto.

Finalmente, García Ortiz presentó un incidente de nulidad, aún pendiente de resolución, contra la sentencia, en el que defiende su inocencia y la credibilidad de la Fiscalía frente a lo que califica como ataques.