El novio de Ayuso reclama la inhabilitación de García Ortiz

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó un recurso contra la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de autorizar a su antecesor, Álvaro García Ortiz, volver a la carrera en la Sección de lo Social del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, y en el que pide su “pérdida de la condición de fiscal”.

Así lo trasladó el abogado de González Amador en un recurso presentado ante la Fiscalía General del Estado, en el que además solicita que dé acceso a su cliente al expediente por el que se decidió no expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal. González Amador pide a Peramato que “se anule” dicho expediente y que “declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales” del ex fiscal general “por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público”.

Según critica el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, su representado “no ha podido ejercer ninguno de sus derechos como interesado” en la resolución de la Fiscalía. En concreto, se refiere a “conocer el expediente” que daba cuenta de la reincorporación de García Ortiz al Supremo, presentar alegaciones a dicho expediente y recibir “la resolución adoptada”, que “tampoco se conoce sino por el acceso que se les ha facilitado a los medios de comunicación”. El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por revelación de secretos sobre González Amador a la pena de dos años de inhabilitación como fiscal general y al pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros.

Los magistrados indicaron expresamente en su sentencia que la inhabilitación lo era únicamente para el cargo de fiscal general del Estado. En el escrito, el abogado de González Amador pone de manifiesto que no existe jurisprudencia sobre lo que -”sin haber tenido acceso”- sostiene la decisión de Peramato: que la causa de inhabilidad prevista en el Estatuto Fiscal se refiere “no a delitos dolosos, sino a condenas de penas privativas de libertad por delitos dolosos”. “Partiendo de que la condición de fiscal es un empleo público, la ejecución de una pena de inhabilitación especial para el empleo de fiscal no requiere para su adopción y ejecución de decisión administrativa alguna, siendo ejecutada por la jurisdicción penal”, señala.

Sentencia firme

En este sentido, apunta que existe “una sentencia firme” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra García Ortiz “que impone una pena principal de inhabilitación para cargo público”. Y añade que la imposición de esa pena se realizó “por haber quebrado dolosamente el deber de secreto con ocasión del acceso a los contenidos propios de la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal y haberlo revelado a un periodista y a medios de comunicación”.