Peinado encara su último año investigando a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado encara su último año judicial antes de su jubilación -prevista para septiembre de 2026- ampliando la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al imputarle un quinto delito: el de malversación. Está previsto que el instructor le interrogue de nuevo, esta vez por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito a Gómez. Solo estaba investigado por su presunta participación en estos hechos el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y en su declaración como imputado -en mayo- se desvinculó del nombramiento.

Hasta que Peinado amplió la causa, la esposa de Pedro Sánchez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Abierta en 2024

Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios -como el investigado Juan Carlos Barrabés- que se presentaban a licitaciones públicas.

Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del “software” de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez

En agosto, el juez imputó a Gómez un presunto delito de malversación por el nombramiento de su asesora a raíz del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado junio, por el que se anuló la declaración como testigo de Álvarez y se validó únicamente lo que manifestó en su declaración como investigada.