Reforma en el acceso a la carrera judicial y fiscal: prueba escrita y fin de la financiación privada

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno ha anunciado una reforma clave en el acceso a la carrera judicial y fiscal, que incluye una prueba escrita anónima, becas para opositores y la prohibición de la financiación privada de asociaciones judiciales.

Agencias

Publicado: 21 ene 2025 - 14:40 Actualizado: 21 ene 2025 - 15:25

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Foto: Europa Press)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Foto: Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con el objetivo de introducir cambios significativos en el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar las oportunidades para los aspirantes y garantizar la transparencia en la financiación de las asociaciones judiciales.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta reforma representa un paso esencial hacia la modernización del servicio público de la Justicia.

Examen escrito anónimo para el acceso a la carrera judicial

Entre las principales novedades, se incorporará una prueba escrita anónima en el proceso de selección para jueces y fiscales. Este ejercicio evaluará la capacidad de los aspirantes para redactar y relacionar conceptos jurídicos. Este nuevo formato complementará el examen tipo test y la prueba oral, reduciendo esta última de dos ejercicios a uno.

Becas y centros de estudio para opositores

El anteproyecto también contempla un sistema de becas para opositores, con una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional durante cuatro años. Además, se habilitarán centros de estudio para que los aspirantes puedan preparar sus temas y realizar simulaciones de las pruebas orales.

Prohibición de financiación privada de asociaciones judiciales

Otro punto destacado de la reforma es la regulación de la financiación de las asociaciones judiciales profesionales, que quedarán excluidas de recibir fondos de origen privado, garantizando así la independencia y transparencia de estas organizaciones.

Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el sistema judicial, hacerlo más inclusivo y eficiente, y garantizar una mayor igualdad de oportunidades para quienes aspiran a formar parte de la carrera judicial y fiscal.

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