FALTA DE INFORMES
Transparencia denuncia los incumplimientos del Gobierno
FALTA DE INFORMES
La Administración General del Estado (AGE) cerró el año pasado habiendo incumplido una de cada diez resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le obligaban a facilitar la información que les había sido requerida por la ciudadanía. Concretamente, el estado de cumplimiento de las resoluciones estimadas por el Consejo a 31 de diciembre de 2025 -con resoluciones dictadas hasta el 30 de septiembre- se sitúa en el 84,8%, con un total 581 solicitudes de información satisfechas por la AGE. Sin embargo, 79 (11,5%) fueron rechazadas y 25 (3,6%) casos acabaron en el Contencioso aunque, de momento, no hay sentencia firme sobre ninguno.
Cuando una persona o colectivo no obtiene respuesta en plazo o considera que la información dada por una administración es incompleta o incorrecta, puede presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia con carácter potestativo. Este órgano analiza el caso y dicta resolución motivada en un plazo máximo de tres meses, que es obligatoria para la administración, sin perjuicio de que pueda ser posteriormente impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Entre las solicitudes no proporcionadas por la Administración estatal en 2025, se encuentran varias dirigidas a conocer los gastos de representación y de los vuelos realizados en el Falcon y en otras aeronovas oficiales realizadas por presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y otra para conocer la documentación que tuvo durante el comienzo de la dana que afectó a Valencia en 2024, las medidas que adoptó, y por qué no pudo adelantar su regreso a España durante su visita oficial a India de esos días.
Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica no atendió la petición sobre el informe completo elaborado por el Comité para el Análisis del apagón del 28 de abril, con la cronología detallada de los eventos ocurridos desde 12 horas antes de la caída del suministro hasta su recuperación total, con especificación de horarios precisos por zonas geográficas, entre otros datos. En este sentido, el Consejo de Transparencia solicitó sin éxito al departamento de Sara Aagesen un informe completo de las centrales eléctricas situadas en territorio español que dispongan de capacidad de arranque en negro y el estado operativo de dichas instalaciones durante el apagón.
También son varias las reclamaciones no atendidas por parte del Ministerio de Hacienda dirigidas a detallar la retribución de los directivos del Consejo de RTVE y del nombramiento discreccional de sus empleados. Además, fue desatendida una petición al ente público de las actas con las puntuaciones del jurado que escogió las canciones del Benidorm Fest 2025. Al Consejo de Transparencia tampoco le consta que el Ministerio de Interior tampoco haya facilitado información sobre diferentes solicitudes relacionadas con la Policía Nacional: autorizaciones de compatibilidades para el ejercicio de la actividad privada, productividad, atestados, comisiones de servicios, provisión de puestos, excedencias voluntarias y asistencia a actos por parte de los agentes.
Cuando las resoluciones del Consejo de Transparencia no son del agrado de los reclamantes de información, pueden interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto. Este fue el caso en 2025, entre otros, de un recurso interpuesto sobre la petición no satisfecha por parte del Ministerio del Interior del informe en materia de prevención de riesgos laborales sobre el incidente ocurrido el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, donde una narcolancha arrolló a una embarcación de del Grupo Especial de Actitividades Subacuáticas (GEAS) y causó la muerte a dos guardias civiles.
También fue recurrida en vía judicial la negación de información por parte del Ministerio de Transportes de los detalles pormenorizados de los sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías de Valencia. Del mismo modo, consta otro recurso sobre las incidencias registradas desde el 1 de septiembre de 2023 en el Eje Atlántico de alta velocidad entre La Coruña y Vigo.
Asimismo, acabó en el Contencioso-Administrativo la falta de información, por parte del Ministerio de Hacienda, del detalle de las inspecciones, resoluciones o procedimientos incoados por la Agencia Tributaria desde el año 2000 hasta la actualidad a las formaciones políticas PP, PSOE, Vox y Podemos que finalizasen con sanción o archivo.
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