El Tribunal Supremo truncó la misión especial de García Ortiz en la Fiscalía

Al discurso del estreno de la nueva fiscal general, Teresa Peremato, le ha sobrado la loa al exfiscal Álvaro García Ortiz, que no ha abandonado su cargo por voluntad propia ni del Gobierno, sino porque ha sido condenado por el Tribunal Supremo a multa y dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Ha expresado públicamente su “reconocimiento, respeto, admiración, y agradecimiento”, lo que parece un tanto incompatible con su promesa de sanar “la profunda herida” abierta por la sentencia del Supremo.

Por su parte, el Gobierno y sus altavoces mediáticos han decidido redoblar la campaña contra el Supremo y la proclamación de la inocencia de García Ortiz, al que los jueces han encontrado culpable de uno de los peores delitos que pueden cometerse de la fiscalía –la revelación de secretos-, y que ha llevado a la institución a un desprestigio sin precedentes, una más en medio del deterioro institucional de todo lo que rodea al Gobierno.

Como era de esperar, en la lógica de acontecimientos de la España de Pedro Sánchez, también Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado enmendando la plana al Supremo. Aseguran que tienen por costumbre respetar las decisiones de los tribunales –como si hubiera en democracia alguna alternativa sana a que los jueces no respeten las sentencias de los jueces-, pero que harán una excepción para criticar la condena a García Ortiz. Aseguran que las pruebas del juicio no fueron sólidas, y subrayan que se le ha dado demasiada importancia al hecho que el exfiscal borrase los mensajes de su teléfono.

Causas políticas

La asociación de jueces progresista considera normal, por tanto, que Álvaro García Ortiz borrara el contenido de su teléfono móvil casualmente el 16 de octubre de 2024, tan solo 24 horas después de que se abriera la causa en su contra por revelación de secretos contra Alberto González Amador, del que nada estaríamos hablando sino fuera novio de Isabel Díaz Ayuso, y si el Gobierno no hubiera detectado en esta historia una posibilidad de meterle el palo en la rueda a su rival político más odiado.

Tanto el Gobierno como Jueces para la Democracia, y presumiblemente la señora Peremato, están pasando por alto que la condena del Supremo a García Ortiz era inevitable, si se pretenden mantener intactos en España los pilares básicos de la justicia, incluyendo el derecho de defensa, la protección del secreto profesional y la lealtad procesal entre las partes. La sentencia es muy clara también al recordar que no se puede utilizar el secreto profesional para justificar una difusión que dinamite derechos ajenos, y que la Fiscalía no puede contrarrestar una información que considera falsa con una acción que rompa otras protecciones legales, incluso aunque al señor fiscal le apremiara mucho la necesidad de no “perder el relato”. Esto sin mencionar que no está claro que la función del fiscal general del Estado sea ganar el relato político a la oposición ni lograr que el Gobierno no lo pierda.

La condena a García Ortiz ha venido a demostrar que nadie está por encima de la ley en un Estado de derecho, y lo hace en un momento en el que el recordatorio es más pertinente que nunca, mientras vemos como las investigaciones judiciales cercan por todos los flancos al Gobierno de Sánchez, a sus colaboradores más cercanos, a su familia, y pronto sabremos si también a él mismo. Ante ese hipotético horizonte, conviene que los españoles tengan claro que nadie, es decir, nadie, está por encima de la ley, salvo que queramos derruir el último eslabón de independencia que garantiza unas mínimas normas democráticas comunes para todos.

Conocimiento de Sánchez

Uno de los indicios menos citados de que Sánchez, como mínimo, conocía las irregularidades y corruptelas de sus colaboradores desde el mismo momento del asalto a la secretaría general del PSOE es que, tras su llegada a La Moncloa, una de sus principales obsesiones ha sido el control de todas las aristas de la institución judicial. Su célebre “¿de quién depende el Fiscal General del Estado?” no era un simple chascarrillo improvisado, sino un manual de instrucciones. Por eso no tuvo reparos en nombrar Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, su propia ministra de Justicia, a quien por lo demás su historial profesional y las bochornosas conversaciones con Villarejo no la señalaban como el adalid de la independencia y el buen hacer judicial. Aquello se interpretó como lo que era: un intento de influir en causas judiciales sensibles para Sánchez, mediante un nombramiento que concitó la inusual condena unánime de las asociaciones de fiscales de España.

Cuando Dolores Delgado abandonó el cargo, no hubo renovación alguna en la Fiscalía, sino que Sánchez buscó a la persona más adecuada para desempeñar el mismo papel que le había reservado a Delgado, y lo hizo de la forma más fácil posible: proponiendo a su mano derecha, García Ortiz. Toda la pataleta del Gobierno posterior a la sentencia contra el exfiscal ha de entenderse en este contexto lineal de los acontecimientos, sin perder de vista que el principal objetivo de Sánchez con la Fiscalía es utilizarla en lo posible en defensa propia en medio de la interminable colección de casos e investigaciones abiertas a su alrededor, apuntando a un futuro judicial muy sombrío para sus intereses.