El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras la condena del Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz expresa que su decisión se toma en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y asegura que ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad". El fiscal subraya que la renuncia es un acto debido "no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española" y defiende su trayectoria al frente de la institución, afirmando haber actuado "con vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

Camino libre para el nuevo fiscal general

Con su dimisión, el Gobierno podrá nombrar un nuevo fiscal general esta misma semana, previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros. No obstante, la salida de García Ortiz no se hará efectiva hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, la Fiscalía quedará temporalmente bajo la dirección de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien ejerció como fiscal en el juicio.

La condena impuesta incluye, además de la inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a González Amador con 10.000 euros en concepto de daños morales. El fallo fue respaldado por cinco magistrados y contó con dos votos discrepantes, lo que refleja la división en el tribunal.

Tras su renuncia, García Ortiz deberá solicitar su reingreso a la carrera fiscal, un proceso que podría complicarse por la inhabilitación impuesta, según fuentes jurídicas consultadas, dado que la legislación establece que los fiscales pierden su condición cuando se les impone una pena de inhabilitación para cargos públicos.

Esta situación marca un hito histórico: es la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a una condena en firme mientras ejercía el cargo, y su dimisión pone fin a una etapa marcada por un fallo judicial sin precedentes y un debate sobre la responsabilidad y la transparencia en la Fiscalía.