Fernando Alañón, magistrado, en el Foro La Región: “Los ataques a los jueces socavan la credibilidad de nuestro sistema”

Fernando Alañón (Madrid, 1963) será el protagonista del próximo Foro La Región, que se desarrollará este jueves en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. El jurista madrileño forma parte desde el 2014 de la Sala de lo Civil y Penal del TSXG y fue presidente de la Audiencia Provincial de Ourense durante nueve años. Durante su conferencia desgranará los desafíos que afronta la justicia española, en un Foro La Región que rinde homenaje a la figura del abogado ourensano Emilio Atrio.

Pregunta. ¿Se sienten los jueces atacados por el poder político?

Respuesta. Es evidente que los ataques se reciben cuando las decisiones de los jueces afectan a aspectos relacionados con el poder. Al poder no le gusta en absoluto que se cuestione su propio poder. El poder judicial está para ejercer esa función, no de control, sino de aplicación de la ley. Y desde ese punto de vista, los ataques que se producen contra los jueces, cuestionando muchas veces su labor e indicando que el mero ejercicio de su labor obedece a determinados aspectos espurios, pues viene de que el poder se siente amenazado y atacado. Todos estos ataques lo único que hacen es socavar la credibilidad del sistema.

P. ¿No cree que las etiquetas de “juez progresista” o “juez conservador” perjudican en demasía a los magistrados?

R. Supone un argumento muy sencillo y muy falaz para cuestionar las decisiones judiciales. Porque, curiosamente, cuando se cuestionan las decisiones judiciales, en muchísimas ocasiones no se cuestiona la decisión judicial, sino que, digamos que se mata el mensajero. No se cuestiona el por qué se ha adoptado esa decisión judicial, sino quién ha adoptado esa decisión judicial, que es lo realmente grave. Y precisamente las etiquetas facilitan mucho esa labor de crítica y desconsideración de las decisiones judiciales.

P. ¿Qué piensa cuando escucha que en España hay “lawfare”?

R. Es un argumento más para cuestionar las decisiones judiciales. No creo que en España haya lawfare en absoluto. Todo el sistema judicial tiene los mecanismos de control que tiene y funcionan adecuadamente. Por otra parte, si un juez está actuando con criterios extrajurídicos, pues está cometiendo un delito, y hay cauces para destapar esa conducta torcida, pero no es algo que suceda con asiduidad.

P. ¿Qué siente cuando escucha al presidente del Gobierno diciendo que “en España hay jueces haciendo política?

R. Los jueces no hacen política. Los que hacen política son los políticos, los jueces aplican la ley. Es cierto que las decisiones de los jueces en algunos momentos pueden tener efectos políticos. Si entendemos que eso es hacer política, pues bueno, se acepta, pero nunca al margen de esta consideración.

P. La reforma de la carrera judicial no ha gustado nada entre la mayoría de magistrados. ¿Cuál es su opinión?

R. A mí el actual sistema, al margen de posibles retoques en el sistema de oposición, me parece un sistema justo, equilibrado y equitativo. El querer introducir a personas fuera de estas vías es muy peligroso, porque la carrera judicial tiene que tener una vitola de independencia, que desde luego no se consigue con determinados favores por parte de determinadas personas que pueden estar sometidas precisamente al poder judicial. A mí no me parece razonable. El sistema de oposición, que se puede modificar, se puede retocar, me parece el más justo y el más acomodado a la esencia y al desempeño que tiene que hacer la carrera judicial.

P. La inteligencia artificial plantea un futuro no muy lejano donde las pruebas de los juicios pueden ser falseadas, ¿cuánto preocupa a los jueces esta cuestión?

R. Con la inteligencia artificial, se nos abre un abanico de posibilidades y de situaciones realmente inmenso. Es una pregunta que tiene difícil respuesta. En lo referente a las pruebas, habrá que ver con qué mecanismo de detección podemos contar los jueces. Otro problema que se plantea es la posibilidad de que se sustituya la labor del magistrado por la inteligencia artificial. Esto me parece muy peligroso porque, en primer lugar, yo no sé si los ciudadanos estarían de acuerdo con ser juzgados por una máquina. En segundo lugar, en determinadas situaciones, yo dudo mucho que la inteligencia artificial pueda asumir determinadas sensibilidades humanas, determinados sentimientos y darles forma en una sentencia.

P. Si nos vamos al aspecto más personal de los jueces, ¿cómo es lidiar con la responsabilidad de saber que la libertad de una persona está en sus manos?

R. Cuando uno empieza en la carrera judicial ya sabe que tiene una inmensa responsabilidad porque la vida y hacienda de las personas está en sus manos. Desde luego que asumir la posibilidad de cercenar, de privar a una persona de libertad es algo muy serio, y que solo se puede llevar a cabo si estás convencido de las razones. En el TSXG imponemos o ratificamos sentencias de muchísimos años de privación de libertad. Realmente le aseguro que se intenta hacer en todo momento con la máxima responsabilidad y que desde luego somos conscientes de que la vida de una persona a la que se le impone por ejemplo una pena puede quedar muy afectada.

P. ¿Cree que la nueva organización judicial en trono a los tribunales de instancia puede resolver el mal endémico del atasco en la justicia?

R. El atasco es mal endémico, pero igual que hay atasco en la lista de espera de medicina o en la Administración. La justicia tiene su componente también de servicio público y los medios son los que hay. Ahora mismo probablemente el mayor problema sea la decisión judicial. Cuando hay muchos asuntos el juez tarda en decir. La reforma que se pretende instaurar se trata de que pueda haber plazas de juez sin necesidad de que lleve una aparejada a la creación de un juzgado, que es algo muchísimo más caro. Por otro lado, hay situaciones que son de muy difícil solución como la incomparecencia de un testigo o el tiempo que se tarda en redactar los informes periciales.

P. En este sentido, ¿cómo es posible que piezas principales de la Operación Pokémon estén en instrucción 13 años después?

R. Se trata de una gestión procesal que no fue muy acertada. Se creó una macrocausa, que después de muchos años se acabó dividiendo y ahora está repartido. Está claro que ha sido una disfunción y algo no deseable para el funcionamiento de la justicia. La verdad es que ahora desconozco si quedan muchos causas sin resolver y cuáles están o no archivadas. En definitiva, es un procedimiento que ha tenido muchos problemas.