Bloqueadas las cuentas del narco de la operación Saona

La Audiencia Provincial de A Coruña ha denegado el desbloqueo de las cuentas bancarias de uno de los investigados por el decomiso de 3,6 toneladas de cocaína halladas en septiembre del año pasado en A Pobra do Caramiñal, un cargamento que llegó a la costa gallega a bordo de un semisumergible.

El investigado había recurrido el auto dictado el 21 de enero por el Tribunal de Instancia de Muros, que ya había rechazado liberar sus cuentas. En el recurso sostenía que ni él ni su pareja estaban implicados en la causa y que su único ingreso era la pensión que percibía.

La Sala rechaza ahora ese planteamiento y confirma la medida cautelar acordada durante la instrucción. Considera que concurren los requisitos necesarios para mantenerla al entender que existe “peligro real e inminente” de que el dinero pueda ser transferido o llegar a desaparecer. El bloqueo, señala el tribunal, resulta necesario para garantizar la efectividad de un eventual comiso.

La resolución subraya además que la medida es proporcional a la gravedad del presunto delito contra la salud pública atribuido al recurrente, y la considera idónea tanto para evitar la desaparición de un dinero que podría tener origen ilícito como para preservar las pruebas sobre su procedencia. Uno de los argumentos centrales del recurso -que la cuenta bloqueada recibía una pensión no contributiva, ajena por tanto a la investigación- tampoco convenció a los magistrados. La resolución indica expresamente que la defensa no aportó documentación que acreditase ese extremo.

La causa se remonta a la operación Saona, desarrollada en septiembre de 2025, cuando fueron incautados 3.650 kilos de cocaína que habían llegado a la costa de A Pobra do Caramiñal a bordo de una embarcación semisumergible, un tipo de narcolancha de baja visibilidad habitualmente empleado para el transporte transatlántico de droga. El operativo, uno de los mayores decomisos registrados en la ría de Arousa, terminó con un total de 14 personas detenidas.

Desde entonces, la causa sigue bajo instrucción, y el bloqueo de cuentas figura entre las medidas cautelares adoptadas para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso, en particular de cara a un eventual comiso de bienes si se confirma que el dinero procede del narcotráfico.

Con el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que actúa como segunda instancia frente a las decisiones del Tribunal de Instancia de Muros, el investigado ve cerrada por ahora la vía para recuperar el acceso a sus fondos. La Sala respalda los argumentos del juzgado de instrucción y no aprecia ningún elemento nuevo que justifique variar la medida.