Fabricantes de narcolanchas niegan vínculos con el narco en la Audiencia Provincial de Pontevedra

Los acusados por la construcción de narcolanchas en naves de Vigo y del Norte de Portugal negaron cualquier vinculación con actividades ilegales y señalaron ante el tribunal que su trabajo consistía en la fabricación de cascos de embarcaciones en la ciudad olívica, que luego se traslaban a un astillero luso para su finalización, pero insitieron en que desconocían “absolutamente” que su uso final iba a ser el transporte de drogas.

El juicio por estos hechos se sigue en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y ayer fue el turno de la declaración de los 11 procesados. Ramón S.V. y Sergio R.T., considerados por los investigadores como cabecillas del grupo, declararon que eran trabajadores asalariados y que su cometido era coordinar la actividad de construcción de cascos de fibra de vidrio. Cuando la empresa para la que trabajaban quebró, ellos constituyeron una mercantil para seguir con la misma actividad, primero en la misma nave en Vigo y, posteriormente, en Portugal. Así, Sergio R.T. incluso recordó que, cuando fueron intervenidas las embarcaciones, se personó como perjudicado para recuperarlas. “Nunca lo hubiera hecho si sospechara que se iban a dedicar a narcotráfico”, justificó, antes de insistir en que desconocía el “destino final” de las embarcaciones.

En la misma línea, el resto de acusados (trabajadores de las naves, gestores, transportistas) afirmaron que no sabían que esos cascos se convertirían en narcolanchas. Algunos de ellos declararon incluso que no conocen “de nada” al resto de acusados y que no han estado en las naves ni han hecho los transportes que les atribuye la acusación pública.

Delitos y penas

La Fiscalía considera que los 11 acusados (más una empresa de transportes) formaban una estructura “empresarial, personal y material” que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico. Así, les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.

En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 narcolanchas, algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la Península. Por estos hechos, la Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros.