La Fiscalía defiende la legalidad de la investigación contra Sito Miñanco por la que pide 31 años y medio de cárcel

En la audiencia de este martes, la Fiscalía defendió que la investigación policial que resultó en la incautación de cerca de 4 toneladas de cocaína presuntamente introducidas por la organización criminal de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, no fue prospectiva y que las escuchas realizadas contaban con la debida autorización judicial.

La Fiscalía destacó que la operación tenía una estructura económica considerable, ya que se incautaron 900.000 euros en Barajas y se intentó importar una gran cantidad de cocaína, lo que implicaba una organización con recursos para desarrollar este tipo de actividades. La Fiscalía pide para el capo una pena de 31 años y medio de cárcel

Respecto a las escuchas, la Fiscalía reiteró que estaban autorizadas por el juez, que no se grabaron todos los encuentros y que la intervención no vulneró derechos fundamentales. Se subrayó la dificultad para alterar las grabaciones debido a la alta seguridad del sistema utilizado. Además, se argumentó que las escuchas y los registros fueron proporcionales al delito investigado, relacionado con la introducción de droga a través del buque Thoran.

En cuanto a los cargos de blanqueo, se presentó evidencia de que la organización había blanqueado más de 11 millones de euros y utilizaba diversas estrategias para hacerlo, incluidas empresas y el transporte de efectivo mediante "correos humanos". También se defendió que el registro realizado en el despacho de Boye se llevó a cabo con todas las garantías legales.