El noroeste de España se une para que la Unión Europea ponga fin a los peajes

Las tres comunidades del noroeste peninsular y sus principales organizaciones empresariales formalizaron este miércoles en Santiago de Compostela una alianza común para reclamar a la Unión Europea una resolución definitiva sobre las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. La Declaración de Compostela, firmada en la capital gallega, establece además un mecanismo de interlocución permanente con las instituciones europeas para mantener coordinada la presión sobre este asunto.

El documento fue suscrito por la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta, María Martínez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de Castilla y León, Natalia Flórez.

Por la parte empresarial, firmaron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; y el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Maraña.

La declaración subraya la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste, y señala que su régimen concesional tiene incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.

El paso inmediato acordado es el envío de una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, solicitando una reunión. El objetivo, según explicó el consejero asturiano Alejandro Calvo, es que el asunto trascienda el actual dictamen motivado y llegue al colegio de comisarios para convertirse en "una amenaza importante de incumplimiento y sanciones al Gobierno de España que obligue a su cumplimiento". Allegue precisó que esa carta se remitiría el mismo viernes.

El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea concluyese en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66, formalizadas en el año 2000, incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública. El procedimiento de infracción contra España se abrió hace casi cinco años a raíz de una denuncia presentada por la asociación En Colectivo.

En ese contexto, la conselleira gallega denunció que la Xunta se enteró del dictamen hace casi un año a través de los medios de comunicación y que a día de hoy desconoce el contenido de la respuesta que el Gobierno central remitió a Bruselas, un hecho ante el que el Ejecutivo gallego ha acudido a los tribunales. La Xunta ha presentado formalmente un escrito de demanda judicial para exigir la información que el Estado remitió a la CE. "Queremos transparencia y toda la información", afirmó Allegue, que advirtió de que esa exigencia es "más necesaria que nunca" en un momento en el que, a su juicio, se amenaza con una transferencia de la AP-9 "impuesta" desde Madrid que no respeta el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego. "El Gobierno debe asumir jurídicamente el dictamen", resumió la conselleira.

La asociación que en su día presentó la denuncia ante la Comisión Europea que abrió el procedimiento de infracción contra España por las prórrogas de la AP-9 y la AP-66 advirtió de que el cumplimiento de la legalidad no debería dilatarse más. Su presidente, Diego Maraña, que participó en el acto de firma de la Declaración de Compostela en representación de En Colectivo, recordó que si el Gobierno del Estado no acata de forma voluntaria el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea, el siguiente paso obligado es iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un escenario que, advirtió, "alargará los plazos" de resolución de forma significativa.

Maraña subrayó que la Alianza del Noroeste nace precisamente con el objetivo de evitar esa demora y de presionar para que el Ejecutivo ejecute sin más dilación el dictamen emitido en julio de 2025. A casi un año de aquella conclusión europea, el Gobierno todavía no ha comunicado públicamente qué piensa hacer.

La denuncia que En Colectivo presentó ante la Comisión Europea en julio de 2019 denunciaba el incumplimiento de la normativa comunitaria en las ampliaciones de la concesión de la AP-9, y fue admitida a trámite en 2021, extendiéndose posteriormente al caso de la AP-66. Tras años de proceso, la Comisión emitió en junio de 2025 un dictamen motivado que obliga al Gobierno a iniciar el procedimiento de anulación de la ampliación de la concesión, sin que el Ejecutivo haya actuado.

Preguntada durante el acto sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendría el compromiso de transferencia de la AP-9 en caso de un eventual cambio de Gobierno en Madrid, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, optó por no vincular la posición de la Xunta a ningún escenario electoral concreto y lanzó un mensaje de continuidad institucional: los intereses que defiende el Ejecutivo gallego "serán defendidos de igual modo ante el Gobierno central, gobierne quien gobierne".

Allegue aprovechó para reiterar la posición de la Xunta frente a lo que calificó de "trampa" impulsada por el PSOE y sus socios: el Gobierno gallego exige el rescate de la concesión y la transferencia de la titularidad de la vía a Galicia, pero condicionada a que sea una transferencia financiada. En ese sentido, recordó que los trabajos encargados por la Xunta concluyen que el coste del rescate es equivalente al de las bonificaciones que el propio Ejecutivo estatal aplica hasta el final del período concesional, previsto para el año 2048, una cantidad que, advirtió, se incrementa cada año por lo que denominó "gran lucro cesante".