La Xunta estudia recurrir el decreto estatal para regularizar migrantes: "Nace mal concebida"

La Xunta de Galicia está estudiando la posibilidad de recurrir el decreto de regularización de migrantes aprobado por el Consejo de Ministros, que entra en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes autonómicas han confirmado que los servicios jurídicos están analizando el texto para valorar una posible impugnación, al considerar que la norma “nace mal concebida”, al haberse aprobado fuera de la vía parlamentaria y sin contar, según denuncian, con la participación de las comunidades autónomas.

Hasta 8.000 beneficiarios en Galicia

El Gobierno central estima que la medida podría beneficiar a unas 500.000 personas en toda España. En el caso de Galicia, organizaciones no gubernamentales calculan que alrededor de 8.000 migrantes podrían acogerse a esta regularización.

El decreto establece un procedimiento para que personas en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional puedan obtener una autorización de residencia y trabajo por un año, siempre que cumplan determinados requisitos.

Condiciones para la regularización

Entre las condiciones exigidas, los solicitantes deberán:

• Acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026.
• Haber permanecido en el país de forma continuada al menos cinco meses antes de solicitar el permiso.
• No suponer un riesgo para el orden público o la seguridad.

En este último punto, la Administración evaluará tanto los antecedentes penales como los informes policiales. No obstante, el decreto especifica que la existencia de antecedentes en estos informes no implicará automáticamente la denegación de la autorización, ya que se realizará una valoración individualizada de cada caso.

Asimismo, los solicitantes deberán presentar certificados de antecedentes penales de sus países de origen o de aquellos en los que hayan residido en los últimos cinco años.

Críticas del Ejecutivo gallego

Desde la Xunta insisten en que la norma debería haberse tramitado con mayor diálogo institucional y en el marco parlamentario, por lo que no descartan acudir a los tribunales si consideran que invade competencias o presenta defectos jurídicos.

La posible impugnación abre un nuevo frente político entre administraciones en torno a la gestión migratoria y el reparto de competencias en España.