Antònia Maria Estarellas:“Es fundamental acompañar a las comunidades baleares y preservar su legado en el exterior”
ENTREVISTA
El pleno del Consejo de las Illes Balears en el Exterior se celebrará este jueves, 19 de marzo en Punta Cana (República Dominicana). La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, detalla a La Región Internacional los objetivos de este encuentro
El Consejo de las Illes Balears en el Exterior celebrará este jueves, 19 de marzo su pleno en Punta Cana (República Dominicana), coincidiendo con la visita institucional de la presidenta autonómica, Marga Prohens.
El encuentro servirá para evaluar la situación de las comunidades baleares en el exterior y avanzar en el desarrollo del nuevo marco normativo que regula estas entidades. La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia María Estarellas, analiza los objetivos de esta cita, los retos actuales y las oportunidades para fortalecer la relación con la ciudadanía balear en el mundo.
¿Qué objetivos se marcan con la celebración de este Consejo fuera del archipiélago?
El Consejo de Comunidades se celebra cada dos años, tal y como establece la normativa, alternando entre Baleares y el exterior. El primer pleno de esta etapa se celebró en 2024 en las islas, coincidiendo con el Día de Baleares, con el objetivo de que las comunidades en el exterior pudieran participar en esa celebración. En ese encuentro se decidió que el siguiente pleno tendría lugar en Punta Cana, una de las casas baleares más recientes. El objetivo es conocer de primera mano cómo están las casas, analizar su grado de consolidación, ver qué proyectos siguen en marcha —muchos de ellos ya con una trayectoria de años— y, sobre todo, identificar en qué puede reforzarse el apoyo institucional para mantener las raíces, la cultura y el legado de la diáspora.
Este encuentro coincide con la visita institucional de la presidenta. ¿Qué importancia tiene esta coincidencia?
La visita institucional permite dar un mayor alcance al viaje. La delegación estará encabezada por la presidenta, junto con la vicepresidencia y el equipo de la dirección general, lo que facilita desarrollar una agenda institucional más completa. Se trata de aprovechar el desplazamiento no solo para el Consejo, sino también para conocer el tejido empresarial balear en República Dominicana, que es muy relevante, especialmente en el ámbito turístico. Además, se da continuidad a acuerdos ya existentes, como el convenio en materia de formación en hostelería y turismo, lo que refuerza la cooperación en sectores estratégicos.
El año pasado se aprobó el decreto que desarrolla la Ley de Comunidades Baleares en el Exterior. ¿Qué cambios introduce esta normativa?
El principal objetivo era actualizar una normativa que no se había revisado desde los años ochenta y adaptarla a la realidad actual. El decreto consolida el registro de entidades, define sus derechos y obligaciones y establece un marco más claro de funcionamiento. También refuerza el apoyo a las iniciativas que desarrollan las casas baleares, especialmente a través de convocatorias, y pone el foco en mejorar su visibilidad. En este sentido, se ha impulsado una web específica que permite a cualquier ciudadano conocer la actividad de las entidades, sus eventos culturales y sus señas de identidad.
¿Qué otros aspectos regula el decreto en relación con las comunidades en el exterior?
El decreto también da forma al funcionamiento del Consejo de Comunidades, estableciendo su periodicidad y organización. Además, fija el 15 de julio como el Día de las Casas Baleares en el Exterior, consolidando una fecha simbólica para todas ellas. Más allá de la normativa, el objetivo es que estas comunidades se sientan acompañadas y respaldadas, reconociendo el esfuerzo de quienes trabajan para mantener vivas las raíces culturales lejos de Baleares.
Desde el punto de vista personal, ¿qué le aporta el contacto con la diáspora?
Es una de las áreas que más satisfacciones genera. Destaca especialmente el carácter agradecido de las comunidades en el exterior, incluso en contextos difíciles. En etapas anteriores, en momentos de crisis económica, pese a las limitaciones presupuestarias, el apoyo recibido por parte de la colectividad fue muy significativo. También resulta especialmente emocionante comprobar el vínculo emocional con la tierra de origen, sobre todo cuando reciben visitas institucionales desde Baleares, lo que deja una huella muy profunda.
La reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares, ¿tendrá alguna repercusión en los procesos de acceso a la nacionalidad de los baleares en el exterior?
No tiene ninguna repercusión, ya que los procesos de adquisición de la nacionalidad se rigen por la normativa estatal, no autonómica. Por tanto, no existe relación entre esa derogación y la tramitación de nacionalidades.
Las demoras en los trámites cotidianos en los consulados y embajadas, y en particular de los derivados de la LMD, están provocando muchas críticas entre la ciudadanía exterior. ¿Les llegan a ustedes las quejas?
Es una de las principales preocupaciones detectadas en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del que soy consejera. Las dificultades para obtener citas y completar los trámites en plazo son una queja recurrente. Estas demoras han provocado que en algunos casos se haya tenido que ampliar plazos, lo que evidencia la necesidad de mejorar el funcionamiento administrativo en este ámbito.
En materia migratoria, Baleares ha advertido de un cambio en las rutas. ¿Qué está ocurriendo?
Se ha producido un desplazamiento claro de los flujos migratorios. Aproximadamente un 45% de la ruta que antes se dirigía hacia Canarias se ha trasladado hacia Baleares. Esto supone un reto importante para un territorio limitado y especialmente sensible, como islas como Formentera. La situación genera una presión asistencial y territorial significativa y obliga a reforzar los recursos disponibles.
¿Qué medidas considera necesarias ante este escenario?
El reto no es únicamente económico, sino también organizativo. Es necesario contar con personal cualificado que permita atender adecuadamente a las personas migrantes, especialmente a los menores no acompañados, que son responsabilidad de la comunidad autónoma. Se trata de una realidad que no estaba prevista hace unos años y que exige adaptar las políticas públicas a un contexto cambiante.
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