Baltasar Garzón ofrecerá defensa gratuita a los españoles afectados por la suspensión del voto exterior

El despacho de abogados de Baltasar Garzón ofrecerá representación jurídica gratuita a los españoles residentes en el exterior afectados por la suspensión cautelar de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo ha anunciado la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina en una publicación difundida en sus redes sociales, en la que insta a los afectados a iniciar los trámites antes del 19 de octubre.

Podrán recurrir las personas que hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, cuyas inscripciones electorales estén comprendidas en la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo. Según el anuncio, la asistencia se prestará sin coste para los afectados y estará orientada a promover recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y actuaciones ante el propio Supremo.

La convocatoria se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar y podría afectar a un máximo de 163.020 personas, según los datos aportados por la Abogacía del Estado. La medida no supone la retirada de la nacionalidad española, pero sí puede impedir que quienes tengan su inscripción afectada ejerzan el voto en los próximos comicios si no consiguen que su situación sea revisada conforme a las condiciones establecidas judicialmente.

La defensa del despacho del exjuez anunciada por la Federación busca facilitar el acceso a la defensa jurídica de los ciudadanos que residen fuera de España, muchos de los cuales deben afrontar trámites judiciales desde miles de kilómetros de distancia, en plazos reducidos y con costes añadidos.

La oferta de asistencia gratuita se suma a las actuaciones impulsadas por otras entidades de la ciudadanía española en el exterior para tratar de garantizar la participación electoral de los afectados. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), por su parte, ha solicitado al Defensor del Pueblo que promueva un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y pida la suspensión urgente de las medidas que puedan comprometer el derecho de sufragio.