Bruselas advierte a España de que su regularización de migrantes no debe tener efectos negativos en el resto de la UE

La Comisión Europea ha avisado este martes de que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una competencia exclusiva de España, pero ha subrayado que su aplicación no puede generar “consecuencias negativas” para otros Estados miembro de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a posibles movimientos secundarios dentro del espacio Schengen.

Así lo expresó el comisario europeo de Migración, el austríaco Magnus Brunner, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo centrado en la medida española. “Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y, al mismo tiempo, esa responsabilidad supone que cada Estado debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión”, afirmó.

Brunner recordó que un permiso de residencia concedido por un Estado miembro “no es un cheque en blanco” para circular y establecerse libremente en cualquier país de la UE. En este sentido, advirtió de que existen “reglas claras” y que, si un beneficiario de la regularización es detectado residiendo ilegalmente en otro Estado miembro, “debe regresar al país donde se otorgó el permiso”.

“Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembro”, insistió el comisario, quien defendió que la política migratoria debe responder a una “visión estratégica” común que garantice una migración “segura, legal y, sobre todo, bajo control”.

Aunque hace dos semanas el propio Brunner valoró la iniciativa española como una vía legal para abordar la presencia de migrantes irregulares y responder a necesidades del mercado laboral, en esta ocasión puso el acento en el equilibrio entre “solidaridad y responsabilidad”. Recordó además que, como principio general, las personas en situación irregular deben ser retornadas.

“Actualmente, solo uno de cada cinco migrantes irregulares en la UE es retornado. Es hora de darle la vuelta y asegurar que, como regla general, las personas en situación irregular deben abandonar la UE. De lo contrario, nuestras políticas no serán creíbles”, afirmó.

El comisario también destacó que las llegadas irregulares a la Unión Europea han descendido en los últimos dos años, atribuyendo esta tendencia al refuerzo del control de las fronteras exteriores y a nuevas herramientas como el sistema informático de entrada y salida, que estará plenamente operativo en abril. “No es una casualidad producto de la geopolítica”, subrayó, al tiempo que pidió retornos más eficaces, más ágiles y rápidos.

Fuerte división en la Eurocámara

El debate evidenció una profunda división política. Socialistas, verdes y la izquierda defendieron la regularización española, mientras que el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la ultraderecha —Patriotas por Europa y Conservadores y Reformistas Europeos— cargaron duramente contra la medida.

El portavoz del PPE, el sueco Tomas Tobé, calificó la iniciativa como una “decisión unilateral” del Gobierno socialista español y aseguró que no responde a la solidaridad, sino a una “estrategia política” para mantenerse en el poder. A su juicio, la medida “socava” los esfuerzos del resto de socios por reforzar el control de la frontera común.

Frente a ello, la presidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), la española Iratxe García, acusó a los populares de promover el debate para “intoxicar y atacar a un Gobierno legítimo” y de alimentar el miedo y la desinformación. García defendió que las personas beneficiarias de la regularización “ya viven en España”, sostienen sectores clave de la economía y forman parte de la comunidad, aunque carezcan de derechos básicos.

Desde el PP español, el eurodiputado Javier Zarzalejos replicó que “cinco meses de estancia no generan arraigo” y advirtió de que no se puede actuar de forma unilateral con decisiones de “impacto masivo” en el resto de socios europeos, apostando por una migración legal basada en procesos consensuados y evaluaciones caso por caso.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, sostuvo que “el enemigo no viene en patera”, sino que es quien explota y promueve discursos racistas, xenófobos y de odio. En cambio, desde la ultraderecha, la eurodiputada Kinga Gál, del grupo Patriotas por Europa, criticó la “hipocresía” de la Comisión por no sancionar a España, mientras que el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé, cuestionó la falta de cifras claras sobre el alcance de la regularización y atribuyó al Gobierno fines electorales.

Por su parte, la vicepresidenta del grupo de La Izquierda y líder de Podemos en la Eurocámara, Irene Montero, defendió que “los papeles son derechos” y acusó a los detractores de la medida de ver “esclavos” donde otros ven personas.

El debate sobre la regularización extraordinaria en España se enmarca así en una discusión más amplia sobre el futuro de la política migratoria europea, en un contexto marcado por la reforma del Pacto de Migración y Asilo y por la tensión entre soberanía nacional y responsabilidad compartida en el espacio sin fronteras Schengen.