De pedir la nacionalidad para los nietos de emigrantes a exigir un “vinculo real” con España: el giro de Feijóo con la Ley de Nietos

Alberto Núñez Feijóo ha situado en el centro debate político el acceso a la nacionalidad española al acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de practicar “ingeniería electoral”con la Ley de Nietos, y al considerar que la nacionalización de descendientes de españoles en el exterior puede incorporar hasta 2,5 millones de nuevos electores al censo. El líder del PP sostiene que el Ejecutivo busca nuevos votantes porque “no le salen las cuentas” y anuncia una reforma de la ley de nacionalidad si llega a gobernar.

Feijóo defiende que quien acceda a la nacionalidad española debe tener un “vínculo real” con España y ha avanzado que establecerá nuevos requisitos para quienes soliciten el pasaporte sin haber residido nunca en el país. Además, ha cuestionado el procedimiento de tramitación de las solicitudes y ha pedido garantías sobre la incorporación de estos nuevos ciudadanos al censo electoral.

Sin embargo, el debate adquiere otra dimensión al recordar la propia relación de Feijóo, de Galicia, con la emigración. El dirigente popular, durante su etapa al frente del PP gallego, reclamaba precisamente durante sus viajes y encuentros con la diáspora gallega, el reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes de españoles en el exterior.

En 2007, durante un acto electoral en Buenos Aires junto al entonces candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, Feijóo defendió la concesión de la nacionalidad a los nietos de españoles “sin discriminar a un nieto porque su abuelo estuviera en uno u otro bando”. En aquel momento reclamó que todos los españoles fueran “iguales ante la ley” y apostó por una política de retornados que facilitara la relación con la diáspora.Durante aquella visita a Argentina y Uruguay, el entonces presidente del PPdeG también reclamó cambios en el sistema de voto exterior para garantizar, en su opinión, mayor transparencia, defendiendo la posibilidad del voto en urna para los residentes en el extranjero. No fue la única. Hace solo cuatro años, aseguraba en otro viaje a Argetina, que el Partido Popular "impulsaría una ley específica sobre nacionalidad para los descendientes de españoles en el exterior en paralelo a la derogación de la Ley de memoria democrática"

La importancia del voto exterior ha sido una constante en la política gallega, desde los tiempos de Manuel Fraga. La diáspora, formada por generaciones de gallegos emigrados principalmente a América Latina y Europa, mantiene cierto peso electoral, que en varias ocasiones ha sido decisivo.

En las elecciones autonómicas de 2020, el recuento del voto de los residentes en el extranjero otorgó al PP el escaño número 42 en el Parlamento gallego, arrebatando un diputado al PSOE en la provincia de Pontevedra. Ese resultado permitió a Alberto Núñez Feijóo ampliar su mayoría absoluta y lograr su mejor resultado en número de escaños al frente de la Xunta.

Aquel episodio volvió a evidenciar que el voto emigrante puede modificar el reparto de fuerzas políticas. De hecho, en cuatro ocasiones las elecciones gallegas han cambiado de resultado tras el recuento del voto exterior. Y aunque la participación ha caído en picado desde la implantación del voto rogado en 2011, su posterior derogación en 2022 no ha conseguido revertir la tendencia: el porcentaje de participación no ha logrado recuperar los niveles previos, pasando de alrededor del 35% a situarse en torno al 10% actual.

A pesar de la baja participación, el voto de la emigración tiene una importancia capital para todos los partidos políticos y, en particular, para el Partido Popular, que ha ganado siempre las elecciones en el exterior, excepto en el año 2009.

Actualmente, un total de 563.303 gallegos residen en el exterior, un 20% de la población actual de Galicia, y el 18,4% de todos los españoles que viven fuera de España. Naturales de Galicia son apenas unos 150.000 , y el resto, más 400.000 son descendientes: hijos, nitos o bisnietos. Argentina es el país que alberga la mayor comunidad con 181.037 gallegos. La segunda es Brasil, con 51.409 residentes; seguida de Cuba, con 48.784 residentes; Suiza: 41.188 residentes; Uruguay: 40.818 r y Venezuela con 32.118 gallegos. En otros país como Estados Unidos hay unos 26.108; en Francia 19.848 y Alemania más de 17.000.

Del reconocimiento de la diáspora a la crítica a la Ley de Nietos

La disposición adicional octava, anexa a la Ley de Memoria Democrática, tuvo una vigencia de dos años y una pórroga de un tercero, hasta el 22 de octubre de 2025. Su aprobación fue recibida con una gran alegría por la colectividad, ya que ha sido una de las reclamaciones históricas de la diáspora. No ha habido reunión en la historia del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCE) en el que el acceso a la nacionalidad para los excluidos, no estuviera sobre la mesa. Finalmente, y tras una clamorosa lucha, no exenta de frustraciones se aprobaba, en octubre de 2022. De ahí, que el actual discurso de Feijóo contra la aplicación de la Ley de Nietos, contraste con aquellas posiciones del entonces presidente gallego que reclamaba ampliar derechos para los descendientes de españoles en el extranjero.

La diferencia que plantea ahora el líder del PP se centra en el procedimiento y en el posible impacto electoral. Feijóo sostiene que la concesión de nacionalidades puede alterar el censo en un periodo breve de tiempo y reclama una revisión de los criterios de acceso, aunque tanto los populares, como la propia diáspora, lo que realmente reclamaba hasta ahora era una ley de nacionalidad sin plazos.

El propio secretario xeral da Emigración del gobierno gallego , Antonio Rodríguez Miranda, ha reclamado la aprobación de una ley estable y permanente de nacionalidad que ponga fin a la “improvisación” con la que —a su juicio— el actual Gobierno ha gestionado este derecho a través de disposiciones transitorias en las leyes de memoria.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez, defiende que la norma responde a una reparación histórica para descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país, por razones económicas, por la Guerra Civil y la dictadura. Los mismos argumentos, prácticamente, que esgrimía el Partido Popular cuando impulsó la Ley 12/2015 que otorgó la nacionalidad a los sefardíes. La normativa fue aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos durante el mandato del expresidente Mariano Rajoy. El plazo para presentar solicitudes estuvo abierto hasta octubre de 2019, tiempo en el que se formalizaron cerca de 88.000 expedientes de nacionalidad.

El giro de guion de Feijóo ante la Ley de Nietos parece responder a dos motivos: la susceptible convocatoria de unas elecciones generales, y la presión de Vox, que esta misma semana ha reclamado su suspensión. Una posición que no resulta ajena a los emigrantes y sus descendientes, quienes llevan años reclamando un mayor reconocimiento - no solo cuando llegan las elecciones - y afecto hacia quienes, con su esfuerzo y sacrificio, han contribuido al desarrollo de los países de acogida y de la propia España.

Más allá de los debates políticos coyunturales, la emigración forma parte de la historia de este país y así mereces ser reconocida. Los ciudadanos residentes en el exterior y sus descendientes no solo reivindican el reconocimiento de esa contribución histórica, sino también su papel como parte activa de la sociedad española y su derecho a participar en la vida pública del país, incluidas las elecciones generales y autonómicas. Entre los derechos que les han sido arrebatados se encuentra también el de votar en las elecciones municipales, a pesar de que muchos emigrantes contribuyen económicamente mediante el pago del IBI y otros tributos.