Elena Bernardo: “Debemos estar preparados para acoger a los millones de españoles que podrían retornar"

Durante su intervención en la mesa sobre políticas de retorno celebrado en Asturias en el marco del IV Congreso Mundial de la Asturianía, la directora general de Ciudadanía Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, quiso comenzar con un reconocimiento al trabajo que el Gobierno asturiano viene realizando en esta materia.

“Antes de nada, quiero agradecer al Gobierno de Asturias la invitación y felicitarlo —así como a su directora general— por la política que se está llevando a cabo en materia de retorno”, afirmó. “Es verdad que algunas comunidades autónomas están desarrollando políticas, pero son pocas las que tienen tan avanzado todo lo relativo al retorno y a la atención a las personas retornadas”.

Bernardo enmarcó su intervención en un contexto de profundo cambio en la realidad migratoria española, recordando que “si nos remontamos a los años 50 y 60, el perfil de los emigrantes era muy distinto: campesinos y trabajadores industriales que partían hacia diversos países europeos”. En esa etapa, cerca de dos millones de españoles emigraron en busca de oportunidades laborales.

“Hoy —subrayó— el panorama es completamente distinto. Actualmente contamos con más de tres millones de ciudadanos españoles residiendo en el exterior, y me gusta destacar que la mitad de ellos son mujeres. Somos el 50% de la emigración española”.

La directora explicó que tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, en 1986, cambió radicalmente el perfil de los emigrantes: “Muchos pasaron a ocupar puestos cualificados, en empresas internacionales o instituciones europeas”.

Recordó también la evolución del marco legal, citando la ley de 2004, aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como un punto de inflexión: “Fue entonces cuando se empezó a comprender y valorar el significado de la emigración y de la ciudadanía española en el exterior, estableciendo un marco legal que permitiera ofrecer servicios, apoyos y medidas concretas”.

Entre esos apoyos, Bernardo mencionó las pensiones no contributivas para personas vulnerables residentes fuera de España y las subvenciones a los centros de españoles en el exterior, que mantienen el vínculo social y cultural con el país. “Son herramientas que han permitido reforzar la protección y la conexión con nuestra ciudadanía más allá de las fronteras”, indicó.

Bernardo insistió en que las políticas actuales deben responder a una nueva era de movilidad internacional.“Los antiguos emigrantes quizá hacían un único retorno a lo largo de su vida; ahora hay personas que retornan varias veces, por motivos laborales, familiares o personales. La movilidad es la clave de la nueva ciudadanía exterior”, sostuvo.

En este sentido, destacó que las instituciones deben ofrecer respuestas ágiles y adaptables. “No se trata solo de atender a quien vuelve definitivamente, sino también de acompañar trayectorias vitales más fluidas, con idas y venidas, con distintas necesidades en cada momento”, explicó.

La responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alertó además de un fenómeno demográfico inminente: el aumento sustancial del número de españoles en el exterior.“El 22 de octubre terminó el plazo para solicitar la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, y aunque aún no hay cifras oficiales, todo indica que el número de ciudadanos españoles va a crecer de manera impresionante”, apuntó.

Según algunos estudios, “los actuales tres millones de españoles en el exterior podrían duplicarse en dos o tres años, alcanzando los seis millones de personas”. “Eso significa —advirtió— que todas esas personas son potenciales retornadas, y tenemos que estar preparados, tanto desde el Gobierno central como desde las comunidades autónomas, para poder darles servicio, apoyo y acompañamiento”.

Bernardo cerró su intervención subrayando la importancia de la coordinación institucional y el papel pionero del Principado de Asturias. “Lo que se está haciendo aquí es un ejemplo de cómo deben abordarse las políticas de retorno: con visión integral, con sensibilidad social y con colaboración entre administraciones”, afirmó.

“El retorno no es un proceso administrativo; es un proceso humano que necesita acompañamiento, información y empatía”, concluyó la directora general, insistiendo en que el Gobierno de España y las comunidades autónomas “deben seguir trabajando juntos para construir un país que reciba de nuevo a quienes un día partieron”.

Isabel María González: “El nuevo perfil de las personas retornadas exige políticas más flexibles, humanas y adaptadas a la realidad actual”

La gestión del retorno de la ciudadanía española en el exterior atraviesa un proceso de transformación profunda. Así lo explicó Isabel María González, jefa del Área de la División de Retorno de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, durante su intervención en una jornada dedicada a las políticas de retorno celebrada en Asturias.

González subrayó que “el retorno se ha modificado como consecuencia de distintas variables”, entre ellas la movilidad contemporánea, el cambio en los perfiles profesionales y la incorporación de nuevas generaciones de españoles nacidos fuera del país. “Antes hablábamos de trayectorias migratorias de décadas. Hoy, los periodos son más cortos e incluso hay una movilidad constante. Esto nos obliga a replantear las políticas de retorno y adaptarlas a una realidad dinámica, donde las personas pueden entrar y salir varias veces a lo largo de su vida”, explicó.

La responsable apuntó que el perfil de quienes retornan ya no es el del migrante clásico de mediados del siglo XX, sino el de jóvenes cualificados y profesionales con alta formación.

“Debemos orientar nuestras políticas especialmente hacia los jóvenes cualificados, que son los que más movilidad tienen y los que pueden aportar talento e innovación a nuestro país”, afirmó.

Sin embargo, uno de los retos más importantes que destacó González es el creciente número de personas que han adquirido la nacionalidad española de origen a través de la Ley de Memoria Democrática.

“Estas personas no han tenido vínculo previo con España y, al regresar, sus necesidades son muy diferentes. No cuentan con una red de apoyo social ni con vínculos familiares o comunitarios aquí. Esto exige una atención específica y nuevas medidas de integración”, señaló.

Esta situación, explicó, ha llevado a las administraciones a replantear el modelo de retorno, con una mirada más social y personalizada. “El cambio en el perfil del retornado nos obliga a ver de otra forma el acompañamiento, el acceso a servicios básicos y la integración en el tejido social”, subrayó.

Para responder a esta nueva realidad, González adelantó dos iniciativas clave que se encuentran actualmente en marcha a nivel estatal. La primera es la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, actualmente en fase de información pública.

“Desde la aprobación de la ley en 2006 —y antes desde la norma de 1971— no se ha contado con un desarrollo reglamentario en materia de retorno. Nuestro objetivo es consolidar por fin ese marco jurídico que dé estabilidad y coherencia a las políticas de retorno”, explicó.

La segunda medida es la elaboración de un Plan Estatal de Retorno, que servirá de complemento operativo al reglamento. “Este plan busca coordinar los esfuerzos de las distintas administraciones y ofrecer un marco común de apoyo a las personas retornadas, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad”, indicó.

Entre las medidas concretas, González destacó la creación de una nueva ayuda económica dirigida a españoles de origen en situación de vulnerabilidad que decidan regresar a España. “Hemos detectado que muchas personas retornadas quedan fuera de la red de protección social, especialmente del Ingreso Mínimo Vital, a pesar de ser españolas, porque no cumplen los requisitos de residencia previa”, explicó.

Ante esta situación, el Gobierno está trabajando en una prestación específica para apoyar el hecho mismo del retorno y facilitar la integración social y personal. “La ayuda está pensada como una cuantía inicial de 4.000 euros, que podrá incrementarse hasta un máximo de 7.600 euros en función del tamaño familiar”, detalló González.

Será una ayuda de concesión directa, destinada a cubrir los primeros gastos del regreso y dirigida exclusivamente a personas con escasos recursos económicos. “Queremos que nadie quede desprotegido por el simple hecho de haber vivido fuera. El retorno debe ser una oportunidad, no una dificultad añadida”, afirmó.

González insistió en que las políticas de retorno deben dejar atrás una visión estática de la migración. “La movilidad actual es constante y global. Las personas ya no emigran para toda la vida, sino que se mueven según las oportunidades laborales, personales o familiares. Las políticas públicas deben acompañar esa movilidad y no penalizarla”, sostuvo.

Además, recordó la importancia de coordinar los esfuerzos entre el Estado y las comunidades autónomas. “Asturias es un ejemplo de cómo se puede trabajar desde la cercanía, con oficinas de retorno y programas que ofrecen acompañamiento real”, apuntó, en referencia al trabajo desarrollado por el Gobierno del Principado.