España rechaza quitar el derecho al voto a los que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos

En la vista convocada por el Tribunal Supremo para analizar los efectos electorales de la disposición de Ley de memoria democrática que concede la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, la Abogacía del Estado ha pedido que no se suspenda el derecho a voto de los nuevos ciudadanos.

Según su criterio, la suspensión cautelar que reclaman tanto Vox como la asociación Iustitia Europa vulneraría un derecho fundamental reconocido por la Constitución del que gozan todos los españoles. "¿Cómo podría privarse de derechos judiciales a personas que han adquirido una nacionalidad por actos administrativos firmes?", advirtió la abogada del Estado.

Lo que está analizando el Supremo es si las nuevas altas vinculadas a la denominada ley de nietos deben incluirse en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA); una cuestión que ya estudió la Junta Electoral Central a instancias de Iustitia Europa y concluyó que debía seguir adelante con las inscripciones.

Hoy, la abogada del Estado incidió en que la inclusión de los nuevos españoles en el censo electoral es una mera consecuencia de la adquisición de la nacionalidad, de modo que recomendó a quienes se oponen a ello que recurran contra esa concesión.

Municipios de inscripción

Frente a ello, tanto Vox como Iustitia Europa han alertado de que "está en juego la certeza misma del proceso democrático" para pedir que se suspendan temporalmente las inscripciones en el CERA hasta verificar adecuadamente la concesión de la nacionalidad.

Además, ambas entidades han puesto el foco en la necesidad de garantizar que se determina correctamente el municipio por el cual se inscribe a los nuevos españoles, pues en muchos casos las personas que han obtenido la nacionalidad a través de la ley de nietos no tienen ningún tipo de "arraigo familiar" en España y su ubicación en el censo puede influir notoriamente en los procesos electorales.